El Tribunal Supremo ha enviado este jueves a prisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por su liderazgo en el proceso independentista, aunque, una vez que se ha desmarcado de la vía unilateral para la independencia, le ha fijado una fianza de 150.000 euros que le permitirá salir de la cárcel.

Así lo ha acordado este jueves el magistrado del Supremo Pablo Llanera, que también ha decidido dejar en libertad bajo fianza de 25.000 euros a los otros cuatro miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet (del PDeCAT) y Anna Simó (ERC), mientras que ha dejado en libertad a Joan Josep Nuet (CSQP), el único de ellos que votó en contra de tramitar la declaración de independencia del pasado 27 de octubre.

A la espera de que aporte su fianza, Forcadell, que forjó su liderazgo en el independentismo al frente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha pasado la noche en la prisión de Alcalá Meco, una semana después de que la Audiencia Nacional dictara prisión incondicional para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete consellers del gobierno de Carles Puigdemont, que sigue huido en Bélgica.

#VÍDEO La presidenta del Parlament Forcadell pasa su primera noche en Alcalá Meco tras la decisión del juez del Supremo, vía @AnuscaPalacios https://t.co/hgfmB16Ikf pic.twitter.com/AvGDFvGHpv

— cope.es (@cope_es) 10 de noviembre de 2017

Forcadell, que este jueves ha compartido presidio con las exconselleras Dolors Bassa y Meritxell Borràs, saldrá previsiblemente mañana cuando abone la fianza de 150.000 euros.

Todo ello a pesar de que la Fiscalía había pedido prisión incondicional por los delitos de rebelión, sedición y malversación para ella, Corominas, Guimó y Simó.

La cuestión es que la presidenta de la cámara catalana ha acatado la aplicación del artículo 155 de la Constitución y se ha desmarcado de la vía unilateral hacia la independencia, al asegurar en su último turno de palabra que renunciaba a cualquier actuación futura fuera del marco de la Constitución.

Los otros investigados también se han desmarcado ante el juez de la vía unilateral, e incluso Ramona Barrufet (PDeCAT), que era secretaria de la Mesa cuando se tramitó la declaración unilateral de independencia, ha ido más lejos y ha sostenido que el referéndum del 1-O no tuvo validez por falta de garantías.

En el auto en el que ha fijado sus medidas cautelares, el juez Llarena expone que, en sus declaraciones de hoy, no es que los querellados hayan asumido la intervención derivada del artículo 155 de la Constitución, sino que han manifestado que "o bien renuncian a actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional".