Después de los motivos para el optimismo que había apuntado la LOMCE con respecto a la enseñanza de la Religión Católica, hemos visto con sorpresa cómo se ha pasado de las promesas y el acuerdo en los grandes principios a un desarrollo normativo de la Ley donde de facto se deja la puerta abierta al incumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado. Por una parte ha quedado en manos de los Centros la oferta de la enseñanza de la Religión católica en Bachillerato, mientras que algunas Comunidades Autónomas deciden por su cuenta reducir su tiempo académico en Enseñanza Primaria hasta la mitad. No se trata de ninguna reivindicación de privilegios por parte de la Iglesia. Se trata de cumplir la Ley: la Constitución en su artículo 27.3 y los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Se trata de garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas y morales. De que el Estado garantice el derecho fundamental que dos de cada tres alumnos ejercen cada año a pesar de las múltiples dificultades con las que se encuentran. Se trata, en definitiva, de no supeditar la libertad y la formación integral de los alumnos al estrecho campo de la ideología o de los intereses políticos de turno.