Carles Puigdemont y cinco exconsejeros se han trasladado a Bélgica, con la opción de pedir asilo político sobre la mesa, mientras su gobierno-cuyo cese anunció el viernes el Ejecutivo de Mariano Rajoy- ha decidido ceder al Estado el control de la administración autonómica catalana sin oponer resistencia.

En un enésimo giro imprevisto en el guión del proceso soberanista, la primera jornada laborable tras la declaración de independencia del pasado viernes en el Parlamento Catalán ha venido marcada por el misterioso desplazamiento a Bruselas de Puigdemont y los hasta ahora consejeros Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret.

Un traslado del que, según diversas fuentes soberanistas consultadas por Efe, no tenían constancia previa altos dirigentes del PDeCAT y de ERC, incluso representantes de Junts pel Sí (JxSí) sobre quienes pesan querellas por todo este proceso desconocían estos planes del Gobierno Catalán y han encajado el anuncio con "perplejidad".

El cantautor y hasta ahora diputado de JxSí Lluís Llach ha dado por hecho el "exilio" de Puigdemont como "denuncia" contra España ante la comunidad internacional, después de que ayer el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco N-VA, sugiriera que puede solicitar asilo.

El comisario general belga para los refugiados y los apátridas, Dirk Van den Bulcke, ha dicho este lunes que para que Bélgica conceda asilo a otro ciudadano europeo deben existir "señales serias de persecución" o de que corre riesgos en el país de origen.

El viaje -de Cataluña a Marsella en coche y, desde ahí, en avión hasta Bruselas- ha trascendido el mismo día en que la Fiscalía ha anunciado una querella contra Puigdemont y 13 exconsejeros por rebelión, sedición y malversación y ha dirigido una segunda querella por esos mismos delitos al Tribunal Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y cinco miembros de la Mesa.

Desde que el Parlamento Catalán declaró la independencia el pasado viernes, consciente de su debilidad ante la intervención de la autonomía en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el gobierno catalán no dio un solo paso para hacer efectiva la "república" catalana, no firmó un solo decreto para desplegar la ley de transitoriedad jurídica y desactivó toda movilización del soberanismo en la calle para plantar cara al Estado.

Por el contrario, y pese a la expectación levantada a primera hora de este lunes por si los consejeros cesados decidían resistirse a abandonar sus cargos y seguir trabajando en sus despachos, sólo Josep Rull ha acudido un rato esta mañana a la sede de la consejería de Territorio y Sostenibilidad.

Rull -uno de los nombres que junto a Santi Vila más viene sonando en las quinielas para encabezar una candidatura del PDeCAT en las próximas elecciones catalanas- ha colgado en Twitter una fotografía suya en su despacho, pero la imagen era meramente simbólica, porque el gobierno catalán cesado ya no ha reemprendido su actividad institucional y tampoco celebrará ya su reunión habitual de cada martes en el Palau de la Generalidad.

El Gobierno ha dado "unas horas" para que los exconsejeros y altos cargos de la Generalidad recogiesen sus objetos personales de los despachos, con la "mayor discreción" y el principio de "intervención mínima".

Para facilitar el relevo institucional sin oponer resistencia, altos cargos del gobierno catalán están manteniendo contactos con secretarios de Estado, han explicado fuentes de la Generalidad.

También el Parlament ha acatado su disolución y Forcadell ha dado por desconvocada la reunión de la Mesa prevista para mañana, al considerar que su convocatoria ha quedado "sin efectos".