Nos esperan dos largos días de huelga después de que ayer arrancara la protesta más sonora contra la Ley Wert. Ni que decir tiene que el derecho de manifestación y la libre expresión de la discrepancia son elementos esenciales de una democracia a los que no puede sustraerse la LOMCE. El aumento de las tasas, los criterios para la concesión de becas o el escaso diálogo con los agentes educativos son algunas de las razones esgrimidas contra la Ley. Pero es significativa la virulencia con la que en España se convocan manifestaciones contra cualquier intento de cambio en materia educativa. No es propio de un movimiento estudiantil digno de tal nombre el uso de barricadas y el destrozo intencionado de mobiliario urbano. Pero tan impropio como esto es la actitud de las autoridades académicas que incapaces de asumir su responsabilidad amparan estos procedimientos. Estamos ante una huelga de carácter netamente político contra una reforma que debe pasar todavía por el Senado, el Congreso y publicarse definitivamente en el BOE. Hay mucho que discutir pero es difícil negar que mantener el desastre educativo actual es simplemente suicida. La ley Wert puede ser criticada con razones, con la deseable mesura y con el horizonte de una mejora sustancial de la educación, que es una variable determinante para el futuro de España. Lo que es inaceptable es esta especie de “caza al ministro” que sólo esconde el inmovilismo y la soberbia ideológica de la izquierda educativa y política.