El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, ha sido detenido en el marco de una operación de la Fiscalía Anticorrupción que investiga supuestas irregularidades en adjudicaciones durante su etapa como conseller de Gobernación, según han confirmado a EFE fuentes de la investigación.Además, la Policía está registrando desde primera hora de esta mañana la vivienda que Castellano posee en la localidad valenciana de Benisanó.La detención ha sido ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía.El pasado mes de octubre se confirmó que los delegados en Valencia de la Fiscalía Anticorrupción investigarían una presunta contratación irregular por parte de la Generalitat valenciana a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35 y supuestos regalos a Castellano en su etapa como conseller de Gobernación, relacionados con esas adjudicaciones.Sobre estos hechos, Castellano aseguró que desconocía por qué Avialsa T-35 tiene la factura de un rifle semiautomático Browning de 1.861 euros que, según ha defendido, ha pagado él y nadie le ha regalado, pero que algunos medios de comunicación citan como un regalo de esta adjudicataria de la Generalitat.DESTITUIDO DE LA DELAGACIÓN DEL GOBIERNODespués de esta detención, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado de la destitución de Castellano en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que ha informado de que el sustituto se nombrará en próximas fechas.Sáenz de Santamaría ha asegurado que "tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial" en torno a Castellano, se ha procedido a su destitución "inmediata".Respecto al nuevo delegado, ha explicado que se acordará una vez que se redacte el informe de idoneidad obligatorio tras la entrada en vigor de la nueva normativa de los altos cargos.Este informe, exigido al acceder al puesto y a su salida para comparar su situación patrimonial, es una de las medidas aprobadas este año por el Gobierno en materia de regeneración democrática, por lo que no se pudo aplicar al caso de Castellano.No obstante, ha recordado que las irregularidades en el patrimonio las investigan los jueces y cuando decretan alguna medida, es cuando el Gobierno pasa a tener conocimiento."No se puede sustituir la labor judicial en estos casos. Una vez conocida la investigación, se ha producido el cese inmediato. Es como se tiene que actuar y así lo hemos hecho", ha apuntado Sáenz de Santamaría.