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... y el Parlamento catalán aprueba la Ley de desconexión con España

Los diputados de Junt Pel Sí aprueban tras aprobarse en...
 Los diputados de Junt Pel Sí aprueban tras aprobarse en el Parlamento catalán la Ley de Transitoriedad. EFE

El Parlamento de Cataluña, con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC, ha aprobado esta madrugada la Ley de Transitoriedad, que prevé convertir Cataluña en una república independiente, tras otro bronco y maratoniano debate parlamentario.

Tras seguir un guión similar al del miércoles, cuando el Parlament aprobó la Ley del Referéndum y la Sindicatura Electoral del 1-O tras 16 horas de pleno, este jueves JxSí y la CUP han hecho valer su mayoría para incluir en el orden del día la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, para aprobarla de forma exprés, ante las protestas de la oposición que ha intentado postergar su votación lo máximo posible.

Poco después de saberse que el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido de forma cautelar la convocatoria del referéndum para el 1 de octubre, se ha iniciado finalmente el debate de la Ley de Transitoriedad, aprobada sobre las 0.50 horas con los 71 votos de JxSí y la CUP y 10 en contra de Catalunya Sí Que Es Pot, mientras que los diputados de Ciudadanos, PSC y PPC se han ausentado del hemiciclo como hicieron con la votación de la Ley del Referéndum.

Además de JxSí y la CUP, también ha apoyado la ley el diputado no adscrito y excoseller de Justicia, Germà Gordó, pese a que ha reconocido que el texto "crea dudas jurídicas", es "mejorable desde el punto de vista técnico y jurídico" y habría sido "deseable una mayoría más importante para su aprobación".

Pese a su aprobación, la propia ley establece que sólo entrará en vigor si se celebra el referéndum convocado para el 1 de octubre y gana el 'sí' a la independencia.

En ese caso, se crearía un marco legal alternativo al español, en el que Cataluña se constituiría en "una república de derecho, democrática y social", cuya "soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña" y cuyo "jefe de Estado" sería el presidente de la Generalitat.

La ley, que redobla el desafío al Estado, se presenta como la "norma suprema del ordenamiento jurídico catalán" mientras no sea aprobada una "constitución catalana" y establece que las normas locales, autonómicas y estatales vigentes en Cataluña en el momento de entrada en vigor de la ley se continuarán aplicando en lo que no contravengan esta ley y el derecho catalán aprobado después.

También se prevé un proceso constituyente que constaría de tres fases sucesivas: una primera de proceso participativo, una segunda de elecciones constituyentes y elaboración de una propuesta de Constitución por parte de una Asamblea Constituyente, y una tercera de ratificación de la eventual constitución mediante un referéndum. 

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