Los datos actuales en España muestran que la población mayor de 65 años se sitúa alrededor del 17% de la población total, con más de 7 millones de personas. Este dato es funesto para el sistema actual de la Seguridad Social, porque se necesitan dos personas activas para poder sostener la pensión de una sola.

En el futuro será peor, pues al ritmo al que envejece el país se calcula que en el año 2050 las personas mayores de 65 años estarán por encima del 30% de la población (con casi 13 millones). Por el contrario, la población con capacidad de trabajar, situada entre los 15 y los 64, seguirá descendiendo y aportará una cantidad mucho menor a las arcas estatales.

Con el objetivo de encontrar un nuevo sistema de pensiones que lograra abordar estos problemas, los partidos políticos se reunieron en 1995 y establecieron una comisión parlamentaria en lo que se conoce como el 'Pacto de Toledo'.

Los primeros años del Pacto de Toledo

Una de las razones por la que la revisión de las pensiones comenzó en la década de los 90 fue por la adhesión de España a la Unión Europea en 1986. La necesidad de adecuar el sistema de la Seguridad Social al marco de la institución llevó a los partidos a buscar soluciones que quedaron plasmadas en el documento que la comisión firmó en 1995.

15 medidas fueron el primer balance de los primeros parlamentarios, que aconsejaban medidas como la separación de fuentes de financiación, la integración de regímenes especiales, la adecuación de bases a períodos de cotización o la lucha contra el fraude.

El gobierno de José María Aznar impulsaría dos años después la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, con el consenso de sindicatos y formaciones políticas, que pondría en práctica algunas de estas recomendaciones.

El período mínimo de 15 años de cotización para lograr una pensión mínima (a los 65 años), la dependencia de la evolución prevista del IPC para su revalorización o la creación del Fondo de Reserva (“la hucha de las pensiones”) pusieron la primera piedra hacia un nuevo sistema que buscaba la sostenibilidad a largo plazo.

La primera revisión del Pacto de Toledo

En abril de 2001, Gobierno, patronal y sindicatos acordaron la creación de una nueva ley que permitía la jubilación a los 67 años y contemplaba la jubilación anticipada a partir de los 61.

Estas nuevas medidas se unieron a las 22 recomendaciones que emitió la comisión parlamentaria para 2003, en las que proponían supuestos por discapacidad e inmigración, sistemas complementarios de pago y un estrecho control parlamentario de los recursos de la Seguridad Social.

El resultado final vio la luz en la ley de 2007, que aparte de los pagos por circunstancias complementarias anunciaba una subida en la cuantía total de las pensiones. No se trata de un gesto baladí, pues desde aquel año las pensiones han crecido un 37%, situándose de los 1050 euros mensuales de media hasta los 1350 euros en 2014.

Las reformas de 2011 y 2013

El efecto de la crisis también se hizo notar en las pensiones, que veían como año tras año caían las cotizaciones de los trabajadores.

El gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2011 una reforma de las pensiones que contemplaban varios factores. El primero de ellos era el retraso paulatino de la edad media de jubilación de los 65 a los 67 años, a lo que se unía un aumento de 35 a 37 años en el número de años que debía trabajar un ciudadano para lograr el 100% de la cuantía de su pensión.

Otra de las medidas afectaba directamente a aquellos que empezaran a trabajar desde 2022, que verían como período mínimo de cotización para acceder a una pensión pasaba de 15 a 25 años.

La segunda reforma del gobierno, en el 2013, incluía el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el factor de sostenibilidad. El IRP desvinculaba las pensiones del IPC para establecer una fórmula matemática que fijara cada año la cuantía de las prestaciones al coste de vida.

El factor de sostenibilidad añade un nuevo coeficiente para calcular la cuantía de las pensiones basado en la esperanza de vida del pensionista en el momento de cumplir 67 años.

De esta forma, cuanto más crezcan estas medias de vida, más recortada se verá la pensión inicial de los nuevos jubilados a partir de 2019.

La próxima reunión del Pacto de Toledo

Esta misma semana se reúne la comisión del Pacto de Toledo. Los diputados parlamentarios se encargarán de evaluar la subida del 1'6% de las pensiones que han acordado el Gobierno y el PNV a cambio del apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

También aprovecharán para revisar el factor de sostenibilidad, cuya implantación se pospuso del 2019 al 2023, y para ampliar el punto dos de las recomendaciones que se propusieron en 1995. Su intención es la de declarar la necesidad de buscar una nueva fórmula de revalorización para lograr un poder adquisitivo óptimo para los pensionistas.

Esta reunión se produce, precisamente, en el marco de las diversas manifestaciones de jubilados por toda España para exigir que sus pensiones se incrementen en el mismo nivel que la inflación. En los últimos dos años han percibido un 0'25% de aumento, cifra que consideran “insignificante”, y si bien es cierto que el pacto entre Gobierno y PNV parece augurar un buen futuro para ellos, no se terminan de fiarse de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy vaya a poner en práctica la medida.