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Reacción del alcalde

Nieto respeta la sentencia de los "burros" pero cree que algunas son difíciles de leer

El titular del juzgado nº 2 de Córdoba ha dictado una sentencia en la que califica de "burros" a los políticos después de dejar sin efecto una sanción a un empledao municipal que había sido suspendido de empleo y sueldo durante tres años por no cumplir con su trabajo. La decisión del juez Oteros demuestra que el empleado no actuó con diligencia por estar a merced de los políticos

El alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto, tras ser cuestionado por la sentencia laboral de un juez de la capital cordobesa que califica de "burros" a todos los políticos, manifiesta respeto hacia las sentencias de los tribunales, "aunque algunas son complicadas hasta de leer". El titular del Juzgado de lo Social número 2 de Córdoba, Manuel Oteros, ha dictado dicha sentencia en la que llama "burros" a los político tras dejar sin efecto una sanción de tres años de suspensión de empleo y sueldo impuesta a un trabajador del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba por una falta muy grave consistente en un notorio incumplimiento de las funciones esenciales al puesto de trabajo, por redactar un proyecto con ausencia de los documentos esenciales y por negociar y aprobar precios contradictorios con el adjudicatario de unas obras para la construcción de un campo de fútbol de césped artificial en Cerro Muriano, entre otras faltas que ahora ha revocado el juez.    Para el juez, queda probado que la actuación del empleado del Imdecor "es más demostrativa de ingenuidad y candidez que de cualquier otra cosa", a lo que añade que en esta circunstancia "se cumple el proverbio que dice que cuando se pelean los burros..., y eso es lo que da la impresión a este juzgador, que los burros se han peleado y paga el arriero, que en este caso no es otro que el empleado público". Además, añade que la "obligación de los burros --entiéndase con todos los respetos para con los equinos--, en este caso los políticos todos, hubiera sido cumplir lo pactado", es decir, "lograr la financiación para la obra de forma coordinada entre la Junta y el Ayuntamiento dentro de los plazos que se habían previsto", y "si sabían que no podían cumplir, no haber firmado el convenio".

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