La sentencia del Tribunal de Justicia dela Unión Europeaque dictamina que el sistema de desahucios en España vulnera la legislación europea marca un antes y un después en la obligada reforma del sistema de las hipotecas y en la protección de los derechos de los consumidores ante posibles cláusulas abusivas fijadas por los bancos.   El hecho de que los desahucios se puedan recurrir ante el juez  antes de ejecutarse supone un avance en la consolidación de los derechos y las garantías sociales. Lo dictado por la justicia europea obligará, como ha reconocido el ministro de Justicia, a una reforma dela Ley Hipotecaria, antes denominada ley de la propiedad horizontal, cuyos principios no se correspondían con la práctica de un sistema de créditos hipotecarios masivos a los consumidores. El desfase entre la normativa vigente y la práctica social ha provocado una cadena de dramas personales ante los que la sociedad no puede mirar para otro lado.    La sensibilidad pública frente al problema de los desahucios ha marcado la agenda social y se ha convertido en la fotografía de la dureza de la crisis económica. Salvados los criterios de justicia y de responsabilidad, todos los esfuerzos para que se dé forma a un sistema que ofrezca una solución justa, equitativa y solidaria al problema de los desahucios son pocos. Mitigar los efectos de la crisis en las personas más desfavorecidas es un ejercicio de solidaridad efectiva urgente y necesario.