Las medidas anunciadas son las siguientes:-1- Aplicación de la ley de transparencia a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades que se financien esencialmente con fondos públicos-2- Aprobación de una ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos, que incluirá las siguientes decisiones: . Establecimiento del procedimiento de aprobación de las cuentas en los estatutos de los partidos. . Depósito obligatorio de las cuentas anuales en un registro público. . Fiscalización por el Tribunal de Cuentas de todos los ingresos y gastos de las fundaciones vinculadas a los partidos. . Regulación de los procedimientos de contratación de los partidos. . Regulación de la figura del responsable de la gestión económico-financiera de los partidos, que tendrá el deber de colaborar con el Tribunal de Cuentas y comparecerá anualmente ante el Parlamento.-3- Aprobación de una ley orgánica reguladora del ejercicio de las funciones políticas con las siguientes medidas: . Regulación de la publicación de las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos. . Realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato. . Establecimiento de escalas de retribución de los cargos públicos. . Determinación y límites de los sistemas de protección social. . Limitación de la compensación tras el cese. . Refuerzo de la Oficina del Conflicto de Intereses. . Propuesta de extensión de estas medidas a los parlamentarios reformando las normas existentes en el Congreso y el Senado.-4- Regulación parlamentaria de los grupos de interés (lobbies) mediante la reforma de los reglamentos del Congreso y el Senado para crear un registro de los mismos en las Cortes y establecer un código de conducta con sus actividades, límites y obligaciones.-5- Reforma del Código Penal para endurecer las penas de los delitos asociados con la corrupción y ampliación de los plazos de prescripción de los mismos.-6- Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la tramitación de los procesos penales por delitos relacionados con la corrupción y separar la determinación de la responsabilidad civil respecto a la penal.