Los esfuerzos que el Gobierno de España ha realizado para que la Comisión Europea cambiara su decisión sobre la devolución de las bonificaciones fiscales al sector naval español no ha dado el fruto esperado, aunque la solución acordada por el Colegio de Comisarios es más favorable que la inicialmente propuesta. El comisario español Joaquín Almunia no ha sido de gran ayuda. Desde el año 2002 los armadores e inversores, a la hora de construir un buque, se benefician de unas bonificaciones fiscales de hasta un 30%, práctica que denunciaron como atentatoria de la libre competencia los constructores de varios países europeos. La Unión Europea declaró ilegal esta forma de ayuda, algo que no hizo, por cierto, en el caso francés, amparándose en los principios de confianza y seguridad jurídica. La solución, a medio camino entre la propuesta alemana y la española, supone un jarro de agua fría y obliga al Gobierno y al sector a un esfuerzo adicional de regulación. El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha trabajado intensamente con los sectores afectados para que la decisión de Bruselas tuviera los menores efectos políticos y sociales, en un sector de por sí muy golpeado por la crisis. Si bien es cierto que el dinero, aún por determinar, lo tendrán que pagar los armadores e inversores, se calcula que puede afectar de forma indirecta a 87.000 familias. Conjurar ese efecto debe ser la prioridad para las Administraciones afectadas.