La Asociación Nacional de Agencias de Detectives Privados ha defendido este viernes que la investigación a la joven madrileña que denunció una violación en grupo durante los sanfermines del año pasado se realizó "dentro de los límites legales".

"Los detectives no prejuzgamos ni valoramos, aportamos información veraz obtenida legalmente", dice la Asociación, que sale así al paso de las críticas que ha suscitado la citada investigación, cuyo contenido es de "carácter reservado".

"Los detectives no prejuzgamos ni valoramos, aportamos información veraz obtenida legalmente"

Además de expresar en un comunicado su rechazo y condena a "cualquier acto que pueda suponer un abuso o delito sexual", subraya que "solo un informe relativo a unas investigaciones desarrolladas escrupulosamente dentro de los límites legales puede ser admitido por un juez en el marco de un proceso".

En este sentido destaca además que las asociaciones y el colegio de detectives españoles se han dotado "de un código deontológico" que recoge como una de sus "premisas fundamentales" que "no llevarán a cabo investigaciones en las que se pudiera intuir que el resultado de las mismas podría ser utilizado para la comisión de actividades contrarias a ley o a ética".

"Nuestras actuaciones se enmarcan, como la de otros tantos profesionales como abogados, peritos, etc, dentro del derecho a la defensa que cualquier ciudadano tiene en un Estado de derecho como el que disfrutamos en España, siempre y cuando se realicen dentro de las normas recogidas en nuestro ordenamiento jurídico", subraya.

Y por ello añade que, "con independencia del contenido del citado informe, que a día de hoy se desconoce, defendemos su realización en defensa de los intereses legítimos del interesado; entre otros supuestos, para que la justicia pueda cuantificar el daño real de determinadas secuelas, a la hora de determinar posibles indemnizaciones y cualquier otro tipo de responsabilidades penales".

En este caso, según aclaró el miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Sección Segunda de la Audiencia, que juzga la presunta violación, aceptó el lunes a petición de la defensa de un imputado incorporar, "como una prueba documental más, una fotografía reciente publicada por la denunciante en una de sus cuentas de las redes sociales".

También este viernes cuatro agentes de la Policía Foral de Navarra han declarado en el juicio. Entre esos agentes se encuentran los que elaboraron infografías del recorrido que siguieron los cinco acusados, desde la plaza del Castillo de la ciudad hasta el portal número 5 de la calle Paulino Caballero, en el que tuvieron lugar los hechos.

Fuentes de la defensa de los acusados han informado a los medios de comunicación de que los agentes también han respondido a preguntas sobre cuál es el recorrido más lógico, desde el punto de vista de la joven, para llegar desde el centro de la ciudad a la zona de Soto de Lezkairu, donde se encontraba estacionado el vehículo con el que había llegado a Pamplona junto a un amigo.

Según las mismas fuentes, los cinco acusados y la chica partieron juntos a las 3:00 horas de la plaza del Castillo y, a las 3:19 horas atravesaron Paulino Caballero en el cruce con avenida de Roncesvalles, esquina próxima al lugar en el que tuvo lugar la presunta violación.

La Policía Foral ha detallado también en la sala cómo se desarrolló la presunta violación dentro del portal mientras que el informático de cuerpo policial ha explicado cómo se recuperaron los videos grabados por los acusados de sus móviles y la calidad de esas imágenes.

También han declarado J.A.E., trabajador del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, sobre el coste económico de la atención sanitaria a la joven, así como Ana Fernández y Maite García, técnicas del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona.