Se cumplen en febrero 1.700 años del célebre Edicto de Milán. El documento significaba el final de la persecución contra los cristianos, pero además el Imperio romano asumía uno de los principios más singulares de la doctrina cristiana: el principio de laicidad o de separación entre la esfera civil y religiosa. Se trata de un concepto revolucionario que impone al gobernante un muro infranqueable. El César ya no será dueño de las conciencias sino que cada cual es libre de buscar la verdad y de profesar la religión que decida. Es cierto que los acontecimientos posteriores quedaron lejos de ese ideal. El cardenal Scola, actual arzobispo de la ciudad, habla de un inicio frustrado de la libertad religiosa. Durante la revolución francesa o bajo los regímenes socialistas del siglo XX iban a producirse persecuciones contra los cristianos aún más crueles que las de Diocleciano y Nerón. También en las modernas democracias hay preocupantes intentos de limitar la libertad religiosa, como cuando se niega el derecho a la objeción de conciencia, o cuando el Estado adopta posiciones ideológicas beligerantemente laicistas, pretendiendo erradicar del espacio público cualquier manifestación de la fe de los ciudadanos. 17 siglos después del Edicto de Milán es habitual todavía una concepción sesgada de la libertad religiosa como simple libertad de culto, olvidando que la libertad religiosa consiste también en poder vivir y trabajar por el bien común conforme a la propia fe, en privado y en la vida pública.