El azar ha querido que la Audiencia Nacional decida, finalmente, sentar en el banquillo de los acusados a dos mandos policiales por el “caso Faisán”, al tiempo que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazaba el recurso contra la ilegalización del partido filo-etarra ANV que pretendió relevar a Batasuna-ETA hace seis años. En el origen de ambos casos está el gran error del gobierno Zapatero de negociar con la banda terrorista. Es significativo que el alto tribunal europeo haya considerado que Acción Nacionalista Vasca era un peligro para la democracia, algo que, paradójicamente, no consideró nuestro Tribunal Constitucional cuando legalizó, en contra del criterio del Tribunal Supremo, a Bildu y Sortu, los herederos de la formación disuelta.   Se ha puesto de manifiesto la contradicción en la que cayó el Constitucional español al ilegalizar un partido y legalizar luego a otros dos que son su copia exacta, por un oportunismo impulsado por el desvarío de un Gobierno que marginó su deber de defender el Estado de Derecho. Este desvarío se refleja en el chivatazo que impidió la detención del dueño del bar Faisán, implicado en la trama de extorsión de la banda terrorista. La Justicia, que ya empezó a resbalar a lo largo de una confusa instrucción, corre el riesgo de parcialidad al haberse descartado el procesamiento de otros altos cargos del ministerio del Interior que entonces dirigía Pérez Rubalcaba, y que no podían ignorar lo que sucedió. Lo que sobresale de todo esto es que de la lucha contra ETA se pasó a una colaboración que ha permitido a la banda mantenerse, aunque haya reorientado su estrategia cesando en su actividad criminal.