Tras la resolución del Tribunal Constitucional acerca del referéndum que el Presidente Paulino Rivero quería celebrar en Canarias, el Gobierno insular se gastará 40.000 euros en un sondeo de opinión. Las Universidades de La Laguna y Las Palmas son las encargadas de encuestar a 2.800 canarios para conocer su opinión acerca de las prospecciones petrolíferas. No se sabe qué responderán los encuestados. Lo que sí se sabe es que el Presidente Paulino Rivero está en contra de una posible explotación petrolífera en Canarias. Así lo había hecho saber antes y después de convocar un referéndum abierto a todos los mayores de 16 años residentes en Canarias.Si ya es inexplicable que Paulino Rivero maneje asuntos que afectan a todos los españoles en términos de envite con el Gobierno central, es más inexplicable todavía que ese mismo Presidente se niegue a favorecer una actividad que contribuiría a diversificar la economía canaria y redundaría en bien de los ciudadanos. Así lo entendió Coalición Canaria cuando hace diez años el Gobierno Aznar autorizó las primeras prospecciones. Qué ha pasado de ayer a hoy es difícil de explicar. Si de lo que se trata es de garantizar la seguridad medioambiental, hará bien el Gobierno canario en fiscalizar y forzar el cumplimiento de la normativa vigente. Pero más allá de eso y de lo que son sus estrictas competencias, el Gobierno canario sabe que el asunto de las prospecciones petrolíferas es asunto del Gobierno de España, por la sencilla razón de que es un asunto que afecta y concierne a todos los españoles.