El magistrado Alberto Jorge Barreiro, del Tribunal Supremo, comienza a tomar declaración a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, presidentes de la Junta de Andalucía durante el caso de los EREs, y a los ex consejeros que están aforados. Comparecen como imputados y posibles responsables de la adjudicación irregular, durante 10 años, de 850 millones de euros de ayudas de dinero público que se distribuyeron con criterios de clientelismo político. La declaración es especialmente relevante porque de ella, y de la decisión que tome el juez, depende en gran medida la investidura de Susana Díaz. El PSOE, que en su momento aseguró que la imputación de cualquier cargo público supondría su cese, luego afirmó que en este caso los ex presidentes tenían que ser imputados por un delito concreto para retirarles sus actas de diputado y senador. Las fuerzas que podrían permitir la investidura exigen que a Chaves y a Griñán se les mande a casa. Con esta actitud el PSOE pierde toda credibilidad en su compromiso contra la corrupción. Chaves y Griñán, así como los ex consejeros, deberían haber sido retirados desde hace mucho tiempo de la vida pública. La Intervención General del Estado dejó claro que el método usado para conceder las ayudas era irregular. Por desgracia, entre ciertos sectores sociales la corrupción que reparte dinero, aunque sea de modo ilegal, es tolerada.