Los nacionalistas, que consiguieron 70 escaños las pasadas elecciones del 21 de diciembre, tienen que seguir haciendo cuentas y cábalas si quieren mantener su posición mayoritaria dentro del Parlamento catalán e investir a un presidente independentista.

El Supremo ha decidido este viernes mantener en prisión a Junqueras. La estrategia del exvicepresidente puede pasar por decir que acata el articulo 155 (unas palabras que no pronunció este jueves ante los tres magistrados de la Sala de Apelaciones). Para ello, tendría que presentar un nuevo recurso ante el Alto Tribunal, le llaman a declarar antes del 17 de enero y le dejan en libertad provisional. Algo poco probable. 

Ese día, el 17 de enero, debe constituirse la cámara catalana y, de momento, tres diputados electos independentistas continúan en prisión preventiva: Oriol Junqueras (ERC), Joaquim Forn (JxCat) y Jordi Sánchez (Jxcat). Y otras cinco personas permanecen fugadas en Bruselas: Carles Puigdemont (JxCat), Clara Ponsatí (JxCat), Toni Comín (ERC), Meritxell Serret (ERC) y Lluís Puig (ERC)

Los potenciales diputados no necesitan acudir al Parlamento para recoger su acta, les basta con tener un apoderado que se encargue de hacerse con la credencial. Tal y como estipula la ley electoral y el reglamento del parlamento catalán.  

Sin embargo, el ejercicio de un diputado desde la cárcel o en Bruselas es muy limitado.

Por un lado, el voto no puede delegarse: no podrían votar en la sesión de investidura, salvo que el juez lo estime oportuno y tampoco ejercerían su derecho en sesiones parlamentarias, salvo excepciones recogidas en el reglamento del Parlamento de Cataluña. Y por otro, las mismas normas catalanas apuntan que el candidato elegido para ser investido Presidente debe estar físicamente en el Parlamento, subir a la tribuna y defender su programa.

Sin el voto de los ex miembros del Gobierno de Cataluña, en Bruselas o en la cárcel, los independentistas perderían su mayoría absoluta tan importante para la sesión de investidura.

Las negociaciones del 17 de enero son fundamentales para todas las formaciones. La presidencia de la Mesa del Parlamento es el objeto de deseo de los independentistas, que no quieren perder poder, y de constitucionalistas como Ciudadanos. Inés Arrimadas, la líder del partido naranja afirmó en Herrera en Cope que “no descarta presentarse a la investidura” y que van a luchar por “la Mesa del parlamento porque quieren evitar las barbaridades que se hicieron en la legislatura pasada".

Mirando a la sesión de investidura

El candidato propuesto para Presidente de la Generalidad debe abrir el debate y someterse a una primera votación para la que se necesita la mayoría absoluta de los votos.

Si no alcanzara los 68 de los 135 escaños, dos días más tarde se procedería a una segunda votación en la que bastaría tener más votos a favor que en contra.

¿Le salen las cuentas a los nacionalistas? Sin los votos de los exconsejeros fugados en Bruselas, No. Su gobierno nacionalista dependería del voto a favor o la abstención de Catalunya en Comú.

El independentismo puede conseguir tener un Presidente en la Generalidad si los exconsejeros en Bruselas vuelven a España, si renuncian a su acta de diputado o si el Parlamento de Cataluña cambia sus reglas entre el 17 de enero (día de la constitución de la Cámara) y el 31 de enero (fecha límite para el primer día de sesión de investidura).

Si vuelven a España lo más probable es que en cuanto pisen territorio español se les detuviera. Y en este caso, disfrutarían de libertad bajo fianza (y podrían votar en la investidura y defender su programa en el caso de ser candidato a Presidente), o estarían en la misma situación que Junqueras, Forn y Sánchez: privados de libertad de forma preventiva.

Si renuncian a su acta otra persona de la lista ocuparía su lugar y los nacionalistas no necesitarían de nadie para mantener su mayoría parlamentaria. Eso sí, perderían su condición de aforados y su sueldo.

Hasta ahora lo que sabemos es que ni Joaquim Forn ni Jordi Sánchez van a renunciar a sus credenciales.  Tampoco Toni Comín (ERC) y Meritxell Serret (ERC).

Sin mayoría absoluta ni simple habría que encontrar un nuevo candidato en el plazo máximo de dos meses y someterlo a votación en otra sesión de investidura: el 2 de junio sería la fecha tope. Si no hay candidato o éste no tiene los votos suficientes se disolvería el Parlamento, se convocarían elecciones y se celebrarían 54 días después. Los posibles nuevos comicios en Cataluña serían posiblemente el 15 de junio.

Pase lo que pase en estos meses el Tribunal Supremo quiere juzgar a los responsables del proceso independentista a lo largo de 2018. Un juicio que podría acabar con condenas de inhabilitación para algunos de los que ahora ocupen puestos en el Gobierno catalán y en el Parlamento.