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ESPAÑA | Y a 20 miembros del IFA

La juez de los ERE imputa a Braulio Medel, presidente de Unicaja

A quien reprocha su "posición cómoda" pues en siete años solo asistió a tres sesiones.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha imputado en el caso a veinte miembros del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), entre ellos al presidente de Unicaja Braulio Medel, a quien reprocha su "posición cómoda" pues en siete años solo asistió a tres sesiones.La juez Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, dice que Medel, como viceconsejero de Economía desde 1986 y como presidente de Unicaja desde 1991, en las tres sesiones del Consejo Rector del IFA a las que asistió fue informado de cinco convenios firmados por la dirección general de Trabajo sobre las ayudas investigadas.Medel se ausentó en 29 ocasiones, de las cuales en 27 delegó su voto en el presidente del Consejo.La juez considera que el IFA y su sucesora, la agencia IDEA, falsearon sus presupuestos de forma que clasificaron como "otros gastos de explotación" las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas."Este hecho del falseamiento del presupuesto es tan trascendental, que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31 L de la Dirección General de Trabajo", afirma la instructora.La juez considera que estas agencias andaluzas y su Consejo Rector eran conscientes de la "inobservancia generalizada del procedimiento de subvenciones" y por ello imputa a los vocales a quienes correspondía conocer periódicamente la gestión presupuestaria pero "no reclamaron de los directivos de la agencia".Respecto a Medel, que declarará como imputado el próximo día 21, Alaya recoge que "llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".Junto al presidente de Unicaja, la juez implica a otras veinte personas, entre ellas José María Bueno Lidón, secretario general de Industria hasta 2001 y presidente de El Monte de Huelva y Sevilla a partir de 2002, quien asistió a 26 sesiones del Consejo Rector del IFA en la que fue informado de 60 convenios para el pago de subvenciones."A ninguno de dichos convenios opuso reparo alguno" y además "existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la Consejería de Empleo en la sesión de 11 de junio de 2007, por importe de 58 millones de euros y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once convenios", según el auto, que cita a Bueno Lidón el día 21.Otro nuevo imputado es Francisco del Río, jefe del Gabinete Jurídico de la Junta entre 2001 y 2008, quien "al igual que el resto de los vocales, aunque si cabe con mayor profundidad, sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad", según Alaya.Añade que se trataba de un proceso en el que se omitió "burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de las subvenciones" en una "actuación abiertamente al margen del Derecho" que del Río "debía conocer por su especial formación".Alaya cita también, para ampliar la imputación, a otras personas ya acusadas como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero o el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.También son imputados Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Felipe Romera, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y José Domínguez Abascal, secretario general técnico de Abengoa.Los altos cargos o ex altos cargos citados se completan con Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales; Manuel López Casero, director general de desarrollo tecnológico; Jesús Nieto González, director general de Industria; Juan Paniagua, viceconsejero de Agricultura; Isabel de Haro, secretaria de Desarrollo Industrial, y Pilar Rodríguez, secretaria general de Telecomunicaciones.

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