Aquel diputado o responsable político que denuncie esa presión y quede constatado que es así, podría contar, si se cree oportuno en términos de seguridad, con vigilancia o contra vigilancia policial. Aseguran estas fuentes que es la misma protección que se daría a cualquier ciudadano. En este momento en torno a una decena de diputados, todos del PP, han denunciado seguimientos y coacciones de la plataforma antidesahucios. El director general de la policia, Ignacio Cosidó, aseguró esta misma semana que se tomarían todas “las medidas necesarias” para impedir que se puedan seguir produciendo este tipo de coacciones, y menos sobre representantes de los ciudadanos.