El Anteproyecto de Ley de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada ha provocado una cascada de reacciones airadas y de insultos que contrastan con el talante que se espera de la clase política en un país democrático. Una vez más la discrepancia se ha visto sustituida por la ordinariez y la frivolidad. Las gentes de la izquierda, encabezadas por el líder de la oposición, han optado por insultar a quienes en el ejercicio de su responsabilidad de Gobierno han plasmado una propuesta electoral en forma de anteproyecto de ley amparándose en la doctrina y el ordenamiento constitucional. Pero también insultan impunemente a millones de ciudadanos españoles.Nadie puede negar a los defensores del actual marco legal en materia de aborto que se manifiesten en contra de los argumentos expuestos por el Ministro Gallardón. Lo que sí es exigible es que la discrepancia se ciña a los argumentos y a las razones y deje de lado los insultos y las descalificaciones. Las posiciones dogmáticas e intolerantes de los llamados progresistas españoles dejan fuera de juego cualquier posibilidad de diálogo. Quienes no tienen otro modo de defender sus propuestas más que tachando de fascistas y cavernarios a los discrepantes, confirman con su conducta que lejos de buscar caminos de acuerdo sólo nadan a gusto en la confrontación.