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Inmigrantes y atención sanitaria

El anuncio del Presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, de que el gobierno mejorará la cobertura sanitaria a los inmigrantes ilegales en todo el territorio es un buena medida y un ejemplo de cómo, en algunas ocasiones, la política adecuada pasa por rectificar decisiones erróneas del pasado. Por más que se pueda achacar esta medida al electoralismo de estos tiempos políticos, Mariano Rajoy sabe que la sociedad es sensible a la dimensión humana de la política. Una dimensión que debe ser siempre una prioridad para el gobierno. La decisión de la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, de limitar la atención a lo inmigrantes ilegales a las urgencias por razones presupuestarias, ha servido para que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE se lanzaran a la más fácil demagogia, con una cuestión que debiera sustraerse de la lucha electoral y de la estrategia política. La atención sanitaria a los inmigrantes, dentro de un ordenamiento y administración básica de los recursos de la sanidad pública, es una de las expresiones más cuidadas de la solidaridad del Estado de Derecho. Considerar de forma sistemática a los inmigrantes como un problema para el Estado, y para la sociedad, significa limitar la percepción de una realidad compleja. Los inmigrantes son personas en situación de riesgo que deben recibir una adecuada solución a sus necesidades. 

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