Una semana después de que el Papa advirtiera contra las propuestas de legalizar la droga en América Latina, el Congreso uruguayo ha aprobado un proyecto de ley que liberaliza el consumo de marihuana. Con la luz verde del Senado, Uruguay se convertirá en el primer país en aplicar la recomendación de los ministros de Exteriores de la Organización de Estados Americanos, que en junio defendieron un cambio de paradigma en la lucha contra la droga. La legalización desmantelaría las bases del sanguinario negocio del narcotráfico, una vez que la actividad pasara a ser legal y regulada. Además, se invoca el argumento de que el Estado no debe inmiscuirse en la decisión del individuo que libremente desea consumir droga. Son argumentos no exentos de lógica, aunque de una lógica excesivamente unilateral. La ONU pidió ayer a Uruguay que reconsidere la medida por las “graves consecuencias” especialmente para los jóvenes de este país. La legalización de la droga sólo se entiende desde una perspectiva ultra individualista, la misma, por cierto, que subyace a la intensa corriente en América Latina a favor de la liberalización del aborto y de la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. No se pueden ignorar las consecuencias del consumo de drogas en terceras personas, como tampoco se puede obviar que, en el aborto, está en juego el desprecio a la vida humana, o que la redefinición del matrimonio devalúa una institución esencial para la vertebración de la sociedad. En definitiva, con el pretexto de defender supuestos derechos individuales, se socaban las bases de la convivencia.