El juez Castro ha imputado a la Infanta Cristina por presuntos delitos fiscal y de blanqueo de capitales, que habría cometido como copropietaria, junto a su esposo Iñaki Urdangarin, de Aizoon, la empresa a la que se desviaron más de un millón de euros públicos, desde el Instituto Nóos. Esta es la segunda vez que el juez cita como imputada a la Infanta. En abril de 2013 la citación quedó suspendida tras el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.Estar imputado no significa estar condenado. No benefician a nadie los juicios previos y paralelos que se ponen en marcha ante la opinión pública desde los medios de comunicación. Al mismo tiempo, como se ha transmitido desde la Casa Real, se impone el respeto a las actuaciones judiciales, aun en los casos en los que legítimamente se pueda discrepar de ellas. Existe la tentación de generalizar, desde un caso concreto, y hablar de corrupción generalizada en el Estado. La consecuencia es una especie de fatalismo, también general, en el ánimo popular, que condiciona la mirada hacia un horizonte mejor.La urgente regeneración debe incluir también a las más altas instituciones del Estado. Pero esa regeneración ha de contar con un juicio prudencial, sabiendo distinguir el grano de la paja, condenando con la firmeza necesaria lo que en su caso haya que condenar, pero reconociendo también lo mucho que instituciones como la Monarquía contribuyen al bien común de todos los españoles.