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Operación Atalaya

11 imputados por explotar una cantera de manera ilegal en Borriol

El SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Castellón ha imputado, en el marco de la Operación Atalaya, a once personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio. Asimismo a uno de los imputados se le atribuye un delito contra los recursos naturales.
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La actuación de la Guardia Civil se inició a raíz de las inspecciones que realiza el Seprona de la Guardia Civil de Castellón con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística en materia de Ordenación del Territorio. En una de estas inspecciones, los guardias civiles detectaron una cantera a cielo abierto entre los términos municipales de Borriol y La Pobla Tornesa cuya actividad pudiera estar afectando al Paraje Natural del Desierto de las Palmas y su zona de influencia.   La Guardia Civil inició una investigación detectando que la licencia urbanística de los terrenos donde se encontraba la cantera había sido recalificada de cultivo agrícola pasando a ser cultivo de especies forestales para biomasa, comprobando que tal cultivo no se estaba realizando.   Por dicho motivo el Seprona inició la Operación Atalaya para esclarecer los hechos ya que los terrenos en los que se sitúa dicha cantera son terrenos protegidos según el Plan Urbanístico de La Pobla Tornesa, así como cuentan con protección paisajística. Además detectaron que la explotación de dicho terreno afectó a bienes de dominio público con la extracción de pizarras y arcillas sin haberlo solicitado, con  movimientos de tierra en el cauce del Barranco de la Bodega, así como pudo afectar a la biodiversidad de la fauna y flora circundante protegida por la normativa europea.   En total se han extraído cerca de 9.000 toneladas de pizarra y arcilla con un valor aproximado superior a los 100.000 euros. Como resultado de la investigación realizada por el Seprona se realizaron siete denuncias tramitadas a distintas administraciones tales como Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de Castellón; Consellería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Energía de Castellón; Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo; Confederación Hidrográfica del Júcar y Ayuntamientos de Borriol y La Pobla Tornesa. Asimismo se procedió a la imputación de once personas como supuestos autores de un delito contra la ordenación del territorio, imputando a una de ellas además un delito contra los recursos naturales.

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