La decisión del juez Castro de mantener la imputación a la Infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales, después de casi tres años de instrucción, es un paso más en un complejo proceso jurídico con amplias repercusiones sociales. Un proceso que se debe abordar con escrupuloso rigor y seriedad por parte de la opinión pública. No es  momento para juicios paralelos y  sentencias públicas orientadas a desgastar a las instituciones. La defensa de la Infanta y la propia Fiscalía ya han anunciado sus correspondientes recursos. Es necesario esperar a su resolución, y eventualmente a que los indicios de criminalidad se confirmen o descarten en el juicio. El auto de conclusión del procedimiento dictado por el Juez Castro es muy claro. Se trata de las actuaciones presuntamente ilícitas de Iñaki Urdangarín y de su socio Diego Torres, principalmente a través de la sociedad Nóos y de un entramado que tenía como fin el lucro personal. A la indiscutible ausencia de ejemplaridad en las actuaciones de personas de relevancia pública se suma la implicación de varias administraciones. La Casa Real, en una escueta y contundente declaración, ha expresado el “respeto a la independencia del poder judicial”. Afirmación que está en sintonía y debe ser completada con lo expresado por el Rey Felipe en su discurso de proclamación en las Cortes cuando señaló que debe “velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente”.