México es un país acostumbrado a convivir con una suerte de corrupción estructural que se manifiesta en ocasiones de forma terriblemente violenta. Por eso llama todavía más la atención el estallido social que se está produciendo estos días. Se han traspasado todas las líneas rojas, la gota ha colmado el vaso y los mexicanos han decidido hacerlo saber. El secuestro de 43 estudiantes por parte de la Policía, su presunta entrega al grupo Guerreros Unidos y el relato macabro del Fiscal General del Estado, Jesús Murillo, según el cual los estudiantes habrían sido quemados en una pira colectiva han sido el detonante. De hecho, la frase del propio Fiscal “ya me cansé” se ha convertido en bandera del hartazgo social. Lo cierto es que más de un mes y medio después de la desaparición de los 43 estudiantes aún no hay respuestas convincentes de lo que pudo pasar. Las familias exigen explicaciones y los ciudadanos, entre ellos numerosos estudiantes, mantienen movilizaciones en las calles o en lugares particularmente turísticos como el aeropuerto de Acapulco.El peso de la Ley tiene que caer sobre los autores de estos crímenes horrendos, pero además el Estado de Derecho debe poner fin a toda forma de violencia, corrupción, impunidad, nexos y complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado. En la línea de lo que ha apuntado el Episcopado mexicano, el país necesita firmeza en la aplicación de la ley y una profunda regeneración moral. Sólo así México podrá soltar el pesado fardo que arrastra y levantar cabeza para poner en juego sus enormes potencialidades y mirar al futuro con esperanza.