El Gobierno pide al Tribunal Constitucional en el recurso que ha presentado contra los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que advierta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a sus consejeros y a varios cargos del Ejecutivo catalán de las responsabilidades que implica seguir adelante con el referéndum, "incluso penales".

Así lo ha avanzado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas presupuestarias de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017 del 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 2017.

Sáenz de Santamaría ha explicado que solicitan la suspensión automática de los preceptos impugnados, haciendo uso de la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo, al tiempo que piden que se notifique "personalmente" esta providencia de suspensión, si así se acuerda, al presidente de la Generalitat y a los consejeros de su Gobierno.

Igualmente, reclama que se notifique al secretario del Gobierno, al secretario general de la Vicepresidencia del Gobierno, a la interventora general de la Generalitat, a la directora de contratación y al director general de Presupuestos de la Generalitat. "Entendemos que estas últimas personas serían las encargadas de autorizar y llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria", ha precisado.

La vicepresidenta ha subrayado que también se pide que en esa notificación se advierta "a todos" de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", y que se "abstenga" de hacer acuerdo alguno de disposición de las partidas impugnadas.