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El Gobierno permitirá a los operadores eléctricos mayoritarios superar en Canarias el 40% de potencia

   El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha avanzado este jueves en el Congreso que finalmente se permitirá que los operadores eléctricos mayoritarios en los sistemas insulares y extrapeninsulares puedan superar el 40% del mercado cuando no haya otros operadores interesados en realizar nuevas instalaciones.

A través de una enmienda pactada con el Gobierno de Canarias, el texto quedará modificado en su tramitación parlamentaria para incluir una excepción a la regla general de no otorgar el régimen primado para nuevas instalaciones a empresas que posean más del 40% de la potencia del sistema, con el objetivo de mejorar la competencia con la entrada de nuevos operadores.    "El Gobierno de Canarias y el Ministerio hemos pactado una enmienda para que se permita que el operador dominante pueda realizar nuevas instalaciones cuando no existan otras empresas interesadas", ha precisado Soria durante su intervención en el debate de totalidad en el Congreso del proyecto de ley de Garantía del Suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.    Además, para asegurar la capacidad de los bombeos, el Ministerio y el Ejecutivo canaria también han "pactado" una enmienda para que "las instalaciones con bombeo y autorización administrativa o que sean concesionarias de un aprovechamiento hidráulico se fijará un calendario de ejecución y, sólo si lo incumplen, se traspasará a Red Eléctrica Española (REE), que tendrá la titularidad solo en el caso de que lo autorice la Comisión Europea (CE)". MEJORAR LA SEGURIDAD    El resto de objetivos de la ley pasan, según Soria, por "aumentar la eficiencia de los sistemas" eléctricos de estos territorios y facilitar la apertura de nuevas instalaciones de generación y distribución. En este sentido, el proyecto "habilita al Ministerio para crear mecanismos retributivos para reducir el coste de generación".    Asimismo, se pretende aumentar la seguridad de los sistemas ante posibles riesgos, habilitando a la Dirección General de Política Energética para "minorar el concepto retributivo adicional para la producción si hay una reducción sustancial de la disponibilidad de las instalaciones, de la seguridad del suministro o de los índices de calidad" y se "refuerza la capacidad del Gobierno en caso de riesgo para la seguridad del suministro".    El último objetivo pasa por intentar optimizar el coste de los combustibles, que suponen más del 60% del total de los costes de estos sistemas, fijándolos "conforme a un mecanismo competitivo", según ha dicho el ministro.    Por último, una disposición del proyecto hace referencia a la fracturación hidráulica, introduciendo "una consideración de control ambiental" que pasa por otorgar al Gobierno central las autorizaciones de exploración y los permisos de investigación supraautonómicos, así como todas las concesiones de explotación, mientras que serán las comunidades las que autoricen exploraciones o investigaciones que afecten sólo a una región. PROYECTO NECESARIO    Soria ha hecho hincapié a renglón seguido en la necesidad de esta regulación tanto para el Estado como para las propias comunidades afectadas. Así, ha recordado que es una prioridad del Gobierno "solucionar los desajustes del sistema eléctrico, equilibrando ingresos y costes" y prestando una especial atención a los sistemas insulares y extrapeninsulares, cuyo tamaño y singularidades hacen que el suministro sea más caro y tenga riesgos particulares.    Por su parte, a las comunidades les interesa que se garantice el suministro al menor coste posible y que se ataje su "especial vulnerabilidad" causada por su aislamiento y por la "necesidad de conseguir una mayor penetración de las renovables".    Finalmente, Soria ha rechazado los argumentos de las enmiendas de totalidad presentadas por PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), ERC y CC-NC, asegurando que el proyecto "se ha pactado y mejorado con todas las comunidades y ciudades autónomas afectadas" y se han cumplido todos los requisitos pertinentes de informes.    Por eso, el ministro ha pedido a esas cuatro formaciones que retiren sus vetos y apoyen el proyecto de ley, y ha apelado particularmente a los socialistas y a los nacionalistas canarios, advirtiéndoles de que el proyecto está acordado con el Gobierno de Canarias, a los que ellos dan sustento, por lo que mantener la enmienda de totalidad supone "enmendarse a ustedes mismos".

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