El Gobierno ayudará a las Comunidades Autónomas a financiar los costes indirectos de la aplicación de la reforma educativa en función de los criterios que fije un grupo de trabajo creado en el seno de la conferencia sectorial. Será el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que  acepte o no esas variables entre las que estará, según ha podido saber la Cadena Cope, el éxito de la reforma, que es lo que más incrementa esos costes indirectos. El ministro de Educación, José Ignacio Wert,  ha asegurado que según el calendario, no se incumplirá el pacto de estabilidad fiscal.“La entrada en vigor es muy escalonada y los efectos económicos, sobre todo los efectos económicos de una cierta significación, en ningún caso se producirían antes de 2016. Es decir, entendemos que las previsiones de la memoria económica son perfectamente compatibles con el curso de consolidación fiscal”, ha dicho Wert.La asunción de parte de los costes indirectos, al margen de los 408 millones que aportará el Estado, ha dado respuesta a la inquietud de las comunidades autónomas por la falta de recursos.  Aun así las cinco regiones no gobernadas por el PP aseguran que no hay dinero para financiarla.