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A TRAVES DE UN CONVENIO

El Gobierno ofrece a los municipios sumarse a su programa de recogida de perros abandonados y control de roedores

La centralización de esta competencia municipal permitirá, según el Ejecutivo riojano, un ahorro para los ayuntamientos y una mejora en la protección de la salud pública.

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Tiempo de lectura: 1'Actualizado 26 may 2017

El consejero de Salud y Servicios Sociales, José Ignacio Nieto, y el presidente de la Federación Riojana de Municipios, Roberto Varona, han firmado hoy un convenio de colaboración que busca impulsar la adhesión de pequeños municipios de la comunidad autónoma al programa autonómico de recogida de animales y control de roedores. Nieto ha destacado que este programa puede beneficiar a los 172 municipios riojanos de menos de 20.000 habitantes, así como a Calahorra -con una población ligeramente superior a esta cifra-, a los que, en principio, la ley atribuye la competencia de recoger animales perdidos o extraviados, abandonados o vagabundos, debiendo hacerse cargo de ellos hasta que sean recuperados, cedidos o sacrificados. Sin embargo, no todos los ayuntamientos tienen capacidad, medios, ni instalaciones para asumir correctamente esa responsabilidad, y por ello la Consejería les ofrece la posibilidad de adherirse a este convenio. La cantidad que los ayuntamientos tendrán que abonar anualmente a la Consejería por la prestación del servicio se calculará en función al número de habitantes, y oscila entre los 200 euros de los municipios más pequeños y los 2.500 de los mayores. En cuanto al control de roedores, el servicio que prestará la Consejería contemplará cuatro desratizaciones anuales en la red de saneamiento. Los ayuntamientos tendrán que abonar anualmente a la Consejería por la prestación de este servicio según el número de habitantes y la cantidad oscila entre los 200 euros de los más pequeños y los 1.000 euros de aquellos con una población de entre 1.000 y 5.000 habitantes. La prestación del servicio tiene un coste neto de 175.000 euros anuales, de los cuales se estima que la Consejería asumirá el 25% y los ayuntamientos abonarán el 75% restante a través de las aportaciones mencionadas.

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