El PP ha chocado contra el muro infranqueable del Gobierno de Mariano Rajoy. El intento de llevar al Congreso de los Diputados la regularización del Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones, que usa la Policía para grabar conversaciones telefónicas de personas investigadas por determinados delitos, ha caído en saco roto. O, al menos, lo ha hecho por ahora. Según ha podido saber la Cadena COPE en fuentes parlamentarias, el Ejecutivo ha frenado una Proposición No de Ley para establecer más garantías en la utilización del método de grabación de las conversaciones telefónicas empleado con autorización y supervisión de los jueces, pero que puede afectar a unos derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad de las comunicaciones. La iniciativa partía del vicesecretario general, Esteban González Pons, que la pasada Legislatura ya previno por activa y por pasiva sobre posibles abusos de Sitel, sea por fallos en el control judicial o porque la policía se extralimite. De hecho, la Cámara Baja tumbó su ofensiva contra un supuesto uso ilegal de Sitel por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El portazo a la propuesta de González Pons ha llegado ahora a la dirección del Grupo Popular en forma de informe avalado por los Ministerios del Interior y de Justicia. Los recelos de antaño con Sitel parecen haberse tornado hoy en defensa de un instrumento formidable para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado o el narcotráfico. En su escrito, el Gobierno deja la puerta a una reformulación de la iniciativa del dirigente del PP pero, en la práctica, supone una negativa a la necesidad de establecer un mayor control de un sistema de vigilancia electrónica, con posibilidad de acceder a mensajes por móvil, correos electrónicos, cuentas bancarias, ubicación del emisor y del receptor y otros datos que van más allá de las tradicionales escuchas.