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El Congreso de los Diputados aprueba la hibernación de la instalación

El Gobierno deja la puerta abierta a que se vuelva a inyectar gas en el Castor

En el Congreso de los Diputados se ha debatido el futuro del proyecto Castor a través del Real Decreto Ley que saldrá adelante en la votación con los votos favorables del Partido Popular y que fija la indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS.

Enagás se encargará del mantenimiento del Castor y también de elaborar informes completos para adoptar una decisión definitiva que, o bien podría ser el cierre de Castor o que se reanude la actividad. De esta forma, podría volverse a inyectar gas si se demuestra que no existe riesgo de que haya terremotos perceptibles por la ciudadanía, lo que quiere decir que podría regresar la actividad si se asegura que los terremotos que se podrían producir estarían por debajo de los 3º en la escala de Richter.   Sostiene el ministro de Industria, José Manuel Soria, que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy ha reducido a la mitad la indemnización a la empresa de Florentino Pérez que percibirá 1.350 millones de euros.   Por su parte, el Partido Socialista ha reconocido su responsabilidad a la hora de ajustar este pago a Escal UGS en 2008. Explica el diputado socialista, José Segura, que no puede seguir inyectándose gas pero no está conforme con la cantidad a indemnizar ya que considera que debería realizarse una quita de la misma.   Mientras, el diputado por Compromís, Joan Baldoví, lamenta que Castor sea la única instalación del país que tenga derecho a una indemnización pese a existir negligencia tras el contrato firmado con el Gobierno que en 2008 presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Un Baldoví que ha tachado “de piratas” al Gobierno y a la empresa concesionaria de Castor.   Por su parte, el diputado por Izquierda Plural, Joan Coscubiela, se ha acordado de los vecinos del Baix Maestrat y del sur de Tarrgona que han padecido por los terremotos del Castor. Coscubiela le ha pedido a Soria que no piense solo en la empresa de Florentino Pérez y destine dinero a posibles problemas que haya habido.   Además, Convergència i Unió ha requerido al ministro de Industria a efectuar un plan de recuperación del medio marino si finalmente se desmantela la instalación, así como conocer los perjuicios creados al turismo, la pesca y la ciudadanía, a la vez que le ha requerido para diseñar planes de dinamización y ayudas.   Tanto Izquierda Plural como Compromís han calificado de “estafa a la ciudadanía” el Real Decreto aprobado.   Todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados, que hoy presentaba una escasa asistencia, anuncian que votarán en contra del Real Decreto Ley. Solo el Partido Popular votará a favor, logrando sacarlo adelante.

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