El Gobierno ha formado un grupo de trabajo, presidido por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, para poner en marcha "a la mayor brevedad posible" la ley de control económico-financiero de los partidos y las leyes orgánicas reguladoras del ejercicio de las funciones públicas.A las reuniones de este grupo asisten los subsecretarios de Presidencia del Ministerio del Interior y representantes de los ministerios de Justicia y Hacienda, según ha explicado la vicepresidenta, ministra de Presidencia y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.En virtud de una resolución aprobada por el pleno del Congreso en el reciente debate sobre el estado de la nación, el Gobierno tiene el encargo parlamentario de poner en marcha esas y otras leyes, así como una serie de modificaciones en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal dirigidas a luchar contra la corrupción.Para llevarlo a efecto, ha constituido este grupo de trabajo y ha contactado con el Consejo de Estado para contar con su "asesoramiento en algunos aspectos que puedan requerir un análisis más profundo".Sáenz de Santamaría ha dicho que espera "construir acuerdos" con los grupos parlamentarios en torno a esas normas legales y ha recordado que estos tienen sus propias tareas encomendadas, como poner en marcha un pacto ético y regular los lobbies y el tratamiento que da el Congreso a la transparencia de la información.Ha recordado que ella misma habló con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que se abstuvo en esa propuesta de resolución, pero que le señaló su "voluntad de dialogar y trabajar conjuntamente" en la lucha contra la corrupción y la desafección política.La vicepresidenta ha insistido en que el paquete de medidas que están preparando es "muy ambicioso" y "muy profundo", y en que su objetivo es trasladar a los ciudadanos la "tranquilidad de que en este país se persigue la corrupción por todos los medios".