El Gobierno y la Junta de Andalucía han expresado hoy su confianza en el apoyo de las autoridades europeas contra de la decisión de EEUU de aumentar hasta el 34,75 % los aranceles a las aceitunas negras de mesa española, cuestión que España llevará al Consejo de Ministros europeos del ramo el lunes, en Luxemburgo.

Así lo ha dicho el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, al término de Consejo Consultivo con las comunidades autónomas, preparatorio de dicha reunión, y de un encuentro específico sobre esta cuestión con el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro.

Planas ha señalado a los periodistas que el lunes trasladará que esta subida de arancel es un tema que afecta al conjunto de la Unión Europea (UE), "pues cinco de los seis motivos alegados por EEUU son relativos a la Política Agraria Común (PAC)".

"Nos merecemos y obtendremos el apoyo comunitario" contra estas medidas "tan injustas" como las que provisionalmente ha adoptado el Gobierno estadounidense y que están sujetas al dictamen definitivo del 24 de julio, ha añadido.

En caso de que la subida se reafirme, ha avanzado el ministro, "plantearíamos otras cuestiones", si bien "es el momento de llevar a cabo la batalla de la convicción".

En cuanto a la posibilidad de que se adopten medidas similares a la exportación de otros productos, ha recalcado que no quiere "extender el ánimo de preocupación en relación con el tema", que ya quedó definido en la conceptualización de la caja verde en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Rodrigo Sánchez Haro ha insistido, por su parte, en su petición a la UE de hacer el "máximo esfuerzo diplomático" y efectuar las "máximas actuaciones".

"Confío en que a partir del lunes cambie el tema", ha precisado, pues este arancel "supondría la salida del mercado de Estados Unidos, afectaría a 8.000 puestos de trabajo, a dos millones de jornales y a 300 empresas" andaluzas.

Ha calculado las pérdidas en 70 millones de euros al año, que ha considerado como "un varapalo muy importante" para un sector que espera que se revierta la situación porque "es de justicia, pues las ayudas que recibe son legales".