El Gobierno catalán ha reaccionado al anuncido de Sánchez Camacho de denunciar a Artur Mas por malversación de fondos públicos adoptando medidas que se derivan de la resolución del Tribunal Constitucional para garantizar la "seguridad jurídica", lo que conlleva suspender la campaña institucional de la consulta, y presentará alegaciones a la decisión del TC de suspender cautelarmente el referendo del 9N.La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, había advertido en una rueda de prensa convocada en el Senado la intención de denunciar a Mas por malversación de fondos públicos ante "la gravedad de los hechos que están ocurriendo en Cataluña". Camacho reprochaba al Gobierno catalán haber gastado 9 millones de euros en la campaña institucional del 9N. Sánchez Camacho ha instado al presidente de la Generalitat a rectificar y paralizar "de inmediato" la campaña de publicidad y todos los preparativos relacionados con la consulta "ilegal". Ha advertido de que si no la suspende de forma automática, el PP presentará la denuncia por malversación de caudales públicos, que en los próximos días y "en función de cómo se vayan produciendo los acontecimientos" podría ampliarse por delitos de desobediencia, desacato y prevaricación.