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TOROS | Por la prohibición taurina

La Generalitat de Cataluña compensará a Balañá con 330.000 ?

La Generalitat ha acordado compensar con 330.000 € al grupo Balañá, propietario de la plaza de toros Monumental de Barcelona, por los perjuicios que le ha supuesto la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, vigente desde el 1 de enero de 2012.
La Monumental de Barcelona cumple su tercera temporada cerrada. EFE
La Monumental de Barcelona cumple su tercera temporada cerrada. EFE

Fuentes del departamento de Economía han confirmado que esa es la cantidad recogida en una resolución que cuenta con el aval de la comisión jurídica asesora de la Generalitat.El Periódico, que hoy ha avanzado la noticia, informa que el grupo Balañá, especializado en ocio y espectáculos, pedía unos 10 millones de euros en concepto de lucro cesante.Por su parte, fuentes del grupo Balañá han asegurado a Efe que no harán ningún tipo de comentario a la resolución del departamento de Economía.Desde que el Parlamento catalán aprobó la prohibición de las corridas de toros, el gobierno catalán ha recibido un total de 29 peticiones de compensación que sumaban 24,2 millones de euros.El del grupo Balañá es el único caso que ha admitido, y de forma muy parcial, el Govern.Según "El Periódico", la resolución acepta compensar a este grupo "por los perjuicios derivados del cese de las corridas de toros en Cataluña" y por la "obsolescencia del edificio".En 28 casos, el Govern no aceptó las reclamaciones por entender que los reclamantes podían seguir desarrollando sus actividades en otras zonas de España donde los toros sí están permitidos.En cambio, en el caso de Balañá, el Govern entiende que no puede trasladar su actividad a otro lugar, porque la Monumental, que acaba de cumplir un siglo, se diseñó para acoger corridas de toros, y ofrece 293.698 euros "en concepto de daños emergentes por la obsolescencia del edificio" y otros 36.000 por el "incremento de costes de mantenimiento" de la plaza.Por el contrario, la Generalitat ha desestimado la petición de Casa Matilla, la empresa que explota la plaza, lo que la llevó a presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.