La consejera de Administración Pública y Hacienda, Concepción Arruga, acompañada del secretario general técnico, Ezequiel Fernández, ha presentado el anteproyecto de Ley Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, “que persigue abrir la acción del Gobierno al ciudadano, convirtiendo la Administración en una oficina de cristal, así como garantizar el acceso a la información pública de la población”. Concepción Arruga ha resaltado que este proyecto desarrolla, complementa, y amplia la regulación de la Ley nacional aprobada el pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados. Aunque esta Ley da al resto de Administraciones Públicas un margen de dos años de adaptación, el Gobierno regional quiere que sus principios inspiradores sean de inmediata aplicación. Asimismo, cumplimos con el compromiso que el presidente regional adquirió en el pasado Debate sobre el Estado de la Región”. La consejera de Administración Pública y Hacienda ha explicado que la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad “no parte de cero, puesto que la transparencia ha sido uno de los principios básicos que ha marcado la acción del Gobierno de La Rioja”. De este modo, ha recordado que en enero de 2011 el Gobierno de La Rioja ponía a disposición del ciudadano el nuevo Portal de la Transparencia, facilitando en único punto toda la información institucional, económica, financiera y de cualquier naturaleza. Además, en 2012, La Rioja fue reconocida como la región más transparente de España, por el informe de Transparencia Internacional, con la máxima puntuación en el área económica y financiera. Arruga subraya que “la nueva Ley viene a reforzar la apuesta del Gobierno riojano por una gestión eficaz y diáfana al servicio de los riojanos”. Culminamos así un modelo de transparencia perfectamente desarrollado, que ahora adquiere rango de ley, garantizando su consistencia y continuidad. De hecho, salvo las limitaciones establecidas en las leyes, con esta norma la transparencia del Gobierno y del sector público autonómico será total y completa”. Tras la aprobación por el Congreso de los Diputados de la Ley de Transparencia, el Ejecutivo regional sometió a consulta pública el borrador de la norma regional a través del canal Participa de la web del Gobierno www.larioja.org durante veinte días, en los que se presentaron 5 alegaciones de ciudadanos. Estas interesantes aportaciones de los ciudadanos, han dado lugar a la ampliación de la información pública prevista en los artículos 9 y 10. En este caso, la colaboración entre los ciudadanos y la Administración Pública, ha logrado ampliar y mejorar el contenido del anteproyecto. El anteproyecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno está compuesto por 5 títulos, 30 artículos, 2 disposiciones adicionales y 1 disposición final, que regulan la transparencia de la actividad administrativa, el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y participar en la toma de decisiones; así como los principios éticos y de actuación en los que debe basarse la acción del Gobierno. También regula el derecho de participación pública y software libre, que son novedades de la ley, así como la reutilización de la información del sector público autonómico para los ciudadanos, a la que se puede acceder actualmente a través del portal Dato Abierto La Rioja. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a la Administración General, organismos públicos, las fundaciones, Consorcios y empresas públicas, el Parlamento de La Rioja, la Universidad y el Consejo Consultivo de La Rioja. En definitiva, todos los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja quedan comprometidos con los objetivos de transparencia y participación de la Ley. También estarán sujetos a esta normativa los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y en general todas las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones superiores a los 100.000 euros o que supongan al menos el 40% de sus ingresos. Apuesta por la Transparencia En lo relativo a la Transparencia, el texto refuerza las obligaciones en materia de información, tanto activa (aquella información que se publica directamente en el portal de la transparencia) como pasiva (información solicitada directamente por los ciudadanos). En este sentido, la consejera de Administración Pública y Hacienda ha explicado que “la norma obliga a los poderes públicos a informar a la ciudadanía sobre la gestión que realizan, y aunque muchas de las obligaciones que aparecen recogidas en la Ley ya se aplicaban, ahora pasan a ser obligatorias”. Concepción Arruga ha puesto como ejemplo que la Administración deberá suministrar la información relativa a los contratos con indicación del objeto, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado o el adjudicatario. Asimismo, tendrá que facilitar la relación de los convenios que suscriban con mención de las partes y las obligaciones económicas convenidas. Además deben indicar todas las subvenciones y ayudas públicas concedidas, su importe, finalidad y beneficiarios. También debe aparecer una descripción amplia de las partidas presupuestarias y datos actualizados sobre su estado de ejecución. También deben figurar las retribuciones percibidas por los órganos superiores y directivos; así como la de los empleados públicos. En este ámbito, el texto da rango legal al Portal de la Transparencia, que se convertirá en el principal punto de acceso a la información para el ciudadano de una forma accesible y sencilla. A través de este portal, los ciudadanos podrán ejercer su derecho de acceso a la información pública y a participar en la gestión de los asuntos públicos a través de sugerencias, alegaciones, consultas etc. Derecho a la Información Pública y la participación ciudadana Por otro lado, los capítulos II y III regulan el derecho de acceso a la información pública y de participación ciudadana, respectivamente. Concepción Arruga ha resaltado que “de este modo se busca facilitar el acceso del ciudadano a la información pública, dentro de los límites marcados en la ley para salvaguardar datos de carácter personal o de seguridad pública”. Una de las novedades de la Ley la encontramos en este capítulo, ya que incorpora algunas materias que no están contenidas en la norma estatal. En este sentido, la Ley regional garantiza el derecho de participación ciudadana en la elaboración, modificación y revisión de determinados planes y programas; así como en la elaboración de disposiciones de carácter general. “Un ejemplo, ha subrayado la consejera, es esta misma Ley, ya que ha sido sometida a consulta pública”. Buen Gobierno y Reutilización de la Información del sector público Una de las novedades más destacadas se encuentra en el Título III, en el que se refleja el código de Buen Gobierno incluido en la Ley Estatal, el cual contiene un marco ético legalmente reforzado y de obligado cumplimiento en la gestión pública, como instrumento esencial para garantizar la ejemplaridad, transparencia, eficacia y austeridad en la administración de los fondos públicos. Concepción Arruga ha explicado que “principios como los de imparcialidad, transparencia, reserva de la información, respeto a las incompatibilidades, plena dedicación… que hasta ahora no eran obligatorias, pasarán a regir la actividad del sector público. De esta forma, se busca recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la labor de sus gobernantes”. En caso de no ser respetados, la Ley contempla la correspondiente sanción, que pueden ser de carácter leve, grave o muy grave. El texto regula también la reutilización de la información del sector público autonómico por parte de las empresas que lo deseen para desarrollar actuaciones empresariales o de negocios, a la que tendrán acceso desde el Portal de la Transparencia; y se determina que el Gobierno de La Rioja pondrá a disposición pública el código fuente de los programas y aplicaciones informáticas y la documentación asociada a los mismos que sean propiedad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que tendrán el carácter de software libre. Por último, se contempla que las reclamaciones que se reciban en materia de acceso a la información sean resueltas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno cuya creación contempla la ley estatal, y al que se puede atribuir esta función por medio del correspondiente convenio. La atribución de esta función al Consejo nacional persigue aplicar la Ley con absoluto rigor, reforzando los derechos de los ciudadanos sin incurrir en duplicidades innecesarias con la Administración General del Estado ni incrementar el gasto público.