La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de entre 62 años y 6 meses y 12 años y 6 meses de cárcel para ocho jóvenes como autores de la agresión a dos guardias civiles y sus parejas el pasado 15 de octubre en Alsasua (Navarra), a los que pide que indemnicen con 41.100 euros.

En el escrito de acusación por esta causa, el fiscal José Perals pide que a siete de los ocho procesados (a una novena se le levantó el procesamiento) se les condene por cuatro delitos de lesiones terroristas y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años.

Se trata de Ohian Arnanz Ciordia, Jokin Unamuno Goicoetxea, Jon Ander Cob Amilbia, Julen Goicoechea Larraza, Adur Ramírez de Alda Pozueta, Aratz Urrizola Ortigosa e Iñaki Abad Olea.

Al primero de ellos le atribuye además un delito de amenazas terroristas y pide para él 12 años y medio más de cárcel, hasta los 62 años y 6 meses de prisión.

Para una octava procesada, Ainara Urquijo Goicoechea, pide únicamente 12 años y medio de prisión por un delito de amenazas terroristas.

En su escrito de acusación, el representante del ministerio público plantea unas penas alternativas a estas, de entre 18 y 30 años y medio de prisión, para los siete primeros acusados.

En concreto, pide subsidiariamente un total de 30 años de cárcel para Ohian Arnanz Ciordia por desórdenes públicos terroristas (8 años), atentado a agentes de la autoridad (2 años), cuatro delitos de lesiones no terroristas (8 años) y amenazas terroristas (12 años y medio).

Para los otros seis reclama, de forma alternativa, 18 años y medio de cárcel apreciando los mismos delitos excepto el último de amenazas terroristas. Perals también pide para los ocho acusados 20 años de inhabilitación absoluta y 5 años de libertad vigilada. 

Según el escrito de acusación del fiscal, estos hechos se enmarcaron en las campañas denominadas Alde Hemendik (Fuera de aquí), que busca la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vaso y Navarra, "influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social".