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La Fiscalía mantiene que las cargas policiales "no afectaron a la convivencia" en el 1-O

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La Fiscalía sostiene que la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O no afectó "en absoluto a la normal convivencia ciudadana", porque los agentes actuaron en "legítima defensa", y recrimina al Govern su "irresponsabilidad" al convocar concentraciones "tumultuarias".

En un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que tiene en sus manos la denuncia de la Generalitat contra las cargas de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1-O, el ministerio público se opone a investigar la actuación global de ambos cuerpos y pide que se indague solo la intervención de los agentes en un local de votación, la escuela Jesuitas de Sant Gervasi.

El fiscal entiende que en la jornada del 1-O, en algunos casos los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron en "legítima defensa" frente a la intervención de "individuos no identificados" que actuaron "violentamente" en su contra, y remarca que ambos cuerpos obedecieron la orden judicial de impedir el referéndum, que también se había trasladado a los Mossos d'Esquadra.

Tras las cargas policiales para impedir el 1-O, la Generalitat denunció a la Policía Nacional y la Guardia Civil ante el juez al considerar que sus actuaciones fueron "violentas y desproporcionadas" y supusieron una "manifiesta perturbación de la paz pública" y un "claro incumplimiento" de las ordenes judiciales que especificaban que las fuerzas de seguridad no podían afectar a la "normal convivencia ciudadana".

"Nada más lejos de la realidad", responde el Fiscal, que considera "general, indiscriminada e inconcreta" la denuncia del Govern y defiende que las medidas adoptadas por la Policía y la Guardia Civil "en absoluto afectaron a la normal convivencia ciudadana".

"Afectaron, sin duda, a los numerosos grupos de personas que de forma irresponsable habían sido convocados por el Govern de la Generalitat, conocedor de la ilegalidad del acto y de las medidas judiciales adoptadas (para impedirlo)", sostiene el ministerio público.

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