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La Fiscalía investiga amenazas para expulsar a policías de hoteles de Cataluña

 
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La Fiscalía General ha recibido información sobre las expulsiones de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de diferentes hoteles de Cataluña y va a investigar esos hechos y, sobre todo, si ha habido "amenazas o presiones ilegales" sobre los hosteleros para que se les cerraran las puertas.

La "información se está analizando para ver si procede iniciar actuaciones, si existen indicios de amenazas u otras presiones ilegales sobre los responsables de esos locales o los trabajadores de los mismos", dice una nota de la Fiscalía publicada este martes.

Varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, han instado a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones después de los incidentes ocurridos durante el intento de referéndum del domingo, según se supo ayer.

Fuentes policiales indicaron que en el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios los que tendrán que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.

Según las mismas fuentes, un grupo de personas ha acudido a uno de los hoteles a increpar a los agentes y la dirección del establecimiento dio un ultimátum a los policías para que a las doce del mediodía abandonaran sus habitaciones.

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Las fuentes han indicado que la propia alcaldesa de Calella, una localidad próxima a Barcelona gobernada por el PDeCAT, ha sido la que ha llamado directamente a los directores de los hoteles advirtiéndoles de que o echaba a los agentes o paralizaba licencias de reforma pendientes.

Gimnasiosbares y otros comercios que durante años se han favorecido por la presencia casi continua en la localidad de fuerzas de seguridad no han permitido la entrada a los agentes.

Esta situación ha sido denunciada también por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que, en un comunicado, además de relatar el caso de los hoteles, ha resaltado el acoso y hostilidad contra los guardias civiles que está provocando "situaciones muy difíciles en el seno familiar de trabajadores que hace hasta escasas fechas vivían plenamente integrados en Cataluña". 

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