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ESPAÑA | Ministro del Interior

Fernández Díaz: Gibraltar "no puede ser la frontera del contrabando de tabaco"

Defiende la legitimidad de España para realizar controles en la frontera del Peñón.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado hoy con rotundidad que Gibraltar "no puede ser la frontera del contrabando de tabaco" y ha defendido la "legitimidad" de España para realizar controles en la frontera del Peñón.Fernández Díaz, en declaraciones a los periodistas en Fitero (Navarra), donde descansa unos días, ha justificado estos controles por el aumento del contrabando de tabaco y en las redes de blanqueo de capitales detectadas en Gibraltar."España tiene absoluta legitimidad y derecho para realizar los controles que está efectuando precisamente en defensa de la legalidad", ha dicho el ministro tras señalar que el crecimiento "exponencial" del contrabando de tabaco en los últimos años debería ser atajado con "corresponsabilidad" por las autoridades de ambos lados de la frontera.Sin embargo, ha asegurado que la parte gibraltareña "no está actuando con lealtad", ni en esta vigilancia ni en otras materias como el acuerdo de pesca con las cofradías españolas de la zona, el "delito medioambiental evidente" por el lanzamiento al mar de bloques de hormigón o con la construcción de espigones para "ganar terreno al mar".Por ello, ha advertido de la "responsabilidad y la soberbia de algún dirigente político", en referencia a los gibraltareños, que "perjudica claramente a los ciudadanos por una parte y puede entorpecer las magníficas relaciones que como socios, amigos y aliados tenemos España y el Reino Unido".Al respecto, ha reiterado que los controles que realiza la policía española en la verja "responden a una realidad incuestionable y es que la frontera de Gibraltar no puede ser la frontera del contrabando de tabaco".Ha argumentado con datos su tesis y ha señalado que el pasado año Gibraltar importó 140 millones de cajetillas de tabaco, cuando es "evidente que ni la población de la colonia ni los visitantes fuman esa cantidad", lo que explica "perfectamente" el contrabando que se viene haciendo.El año pasado fueron aprehendidas por la Guardia Civil más de 725.000 cajetillas en la frontera con Gibraltar, de las que el 85 % son introducidas mediante dobles fondos en los vehículos, ha señalado para indicar que el 15 % restante se hace mediante sistemas de adosados en el cuerpo de los contrabandistas, lo que justifica los registros.El aumento "exponencial" de contrabando "debe terminar y a eso responden entre oras razones los controles que estamos realizando", que asume España como un "plus de responsabilidad" dado que "no hay lealtad" en Gibraltar para "acabar con ese trafico ilícito".Por otra parte, ha incidido en el detectado problema del blanqueo de capitales que se produce con sociedades constituidas en Gibraltar, ya que "la inmensa mayoría de investigaciones vinculadas con la corrupción o con el crimen organizado a nivel nacional o internacional, vinculado de manera especial a determinadas mafias, acaban en Gibraltar".Se aprovechan así del "velo" que oculta a esas sociedades y que impide conocer quién es el último beneficiario de esas sociedades, una situación que "no es sostenible" en el ámbito de una Europa en donde territorios de estas características "no pueden convertirse en focos de contrabando y de blanqueo de capitales"."Tenemos el deber de luchar contra esa situación y vamos a seguir haciéndolo", ha asegurado el ministro, quien pese a reconocer que contra estos delitos se lleva años luchando, "lo que sucede es que últimamente la situación se ha deteriorado notablemente"."Las autoridades gibraltareñas están aplicando la política de hechos consumados" y el conflicto ha dado lugar a "una escalada" que ha llegado a "un punto de no retorno" con la "aberrante actuación" de las últimas semanas con ese vertido de bloques de hormigón que "parece propio de políticas del siglo XIV y XV"."Ante esa política de hechos consumados España debe reaccionar con el cumplimiento estricto de la ley", ha dicho Fernández Díaz, quien ha señalado que el Gobierno español "entiende el enfado de los ciudadanos" por las molestias de los controles, que son "aleatorios, legales y proporcionales".

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