Cara a la formación de un gobierno estable, la atención se centra en el consenso sobre principios compartidos como la unidad de España, el imperio de la ley, la lucha contra el terrorismo o la igualdad de todos los españoles. Ni siquiera estos valores constitucionales parecen concitar un diálogo entre Partido Popular y PSOE, pero otros muchos aspectos que afectan a la vida de la sociedad, ni siquiera han salido a la palestra. Uno de ellos es la atención a las familias como soporte de la cohesión social y de progreso. Nadie puede llamarse a engaño sobre la dramática realidad que supone el abismo abierto entre el crecimiento paulatino del número de  pensionistas y la disminución de la tasa de natalidad.Las organizaciones civiles que se ocupan de los problemas de la familia, no dejan de llamar la atención sobre la necesidad urgente de cambiar esa tendencia suicida. Según el V Barómetro de la Familia, más del 70% de los españoles considera que la institución familiar es poco o nada reconocida pública y legalmente. El porcentaje se ha disparado casi al doble en un año, ya  que apenas ha dado tiempo a aplicarse la ley de apoyo integral a la familia 2015-2017. En estos días de convulsas negociaciones para formar Gobierno, nadie ha alzado la voz a favor de la familia. Todo lo contrario, lo que  pretende la supuesta mayoría de progreso que abandera Pedro Sánchez es restringir la libertad de educación recogida en la Constitución. Es urgente que la familia vuelva a entrar en la agenda política, en estos tiempos confusos.