La Fiscalía General del Estado presentó ayer la esperada querella contra Artur Mas, la vicepresidenta Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau por la seudoconsulta del 9 N. Desde que el Tribunal Constitucional aceptara el recurso contra lo que la Generalitat llamó proceso de participación ciudadana, los límites del Estado de Derecho estaban claros. Todo indica que no era prudente tomar medidas cautelares el día de autos. Pero la flexibilidad y la consideración de razones políticas no puede provocar que la ley se deje de aplicar. Es evidente que la seudoconsulta del 9N tuvo como responsable a la Generalitat. El propio Mas lo dijo.Ahora bien, el necesario cumplimiento de la ley no es suficiente para solucionar la situación. Hace falta pedagogía, iniciativa política para que el valor de lo que está consagrado en nuestra Constitución se perciba. Lo sucedido el 9N puso de manifiesto que la sociedad catalana está fragmentada en tres partes: un tercio es claramente independentista, otro tercio es claramente constitucionalista y el tercer tercio no se define. El conflicto social va a persistir, por lo que hay que buscar puntos de encuentro más allá de la vida política. Vamos a tener un largo período sin que esta situación se solucione, entretanto no podemos romper todos los puentes.