En un comunicado, Clapper explicó que una cláusula de la ley conocida por su sigla en inglés FISA facilita el acceso a información de extranjeros fuera de Estados Unidos y que sólo un determinado número de personal, con capacitación especial, puede acceder a esos archivos."La información de inteligencia exterior recabada bajo este programa es una de las más importantes y más valiosas que recopilamos, y se utiliza para proteger a nuestra nación de una amplia variedad de amenazas", dijo Clapper.Clapper se quejó de que informes de los diarios "The Guardian" y "The Washington Post", sobre la recopilación de esos datos bajo el programa conocido como PRISM, "contienen numerosas imprecisiones". Los informes daban cuenta de que el Gobierno de EEUU estaba vigilando los datos de empresas como Microsoft, Apple, Google o Facebook. Esta es una de las fotografías publicadas por The Guardian: Para comenzar, según Clapper, la sección 702 de la ley FISA "no puede utilizarse para escudriñar intencionalmente a ningún ciudadano estadounidense, ninguna otra persona en EEUU, o a cualquiera dentro de Estados Unidos".Las actividades dentro de ese programa secreto, agregó Clapper, están sujetas a la supervisión de una corte especial creada dentro de FISA, del Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos.Esas actividades implican "extensos procedimientos" especialmente aprobados por el tribunal para asegurar que sólo extranjeros fuera de Estados Unidos estén sujetos a esa vigilancia. Eso reduce "la adquisición, retención y diseminación" de información obtenida sobre personas en EEUU, según el director nacional de Inteligencia.La sección 702, en todo caso, fue renovada recientemente por el Congreso de EEUU tras una serie de audiencias y debate, señaló. La ley antiterrorista de 2001, conocida como Ley Patriota y promulgada un mes después de los atentados del 11-S, obliga a las empresas a entregar a las autoridades archivos y demás información que pueda servir en una investigación relacionada con la seguridad nacional.Sin embargo, el tribunal prohíbe que el Gobierno escudriñe indiscriminadamente los archivos telefónicos adquiridos mediante el programa secreto.En una declaración separada, en la que ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con FISA, Clapper enfatizó que considera importante que los estadounidenses entiendan que el programa antiterrorista es "completamente legal", tiene sus límites y se ciñe a una serie de principios. Según Clapper, existe un "régimen legal robusto" que rige todas las actividades autorizadas dentro de FISA, para cerciorarse de que cumplen con la Constitución y las leyes, y protegen la vida privada y las libertades civiles.El tribunal de FISA, subrayó, revisa el programa secreto cada 90 días y el Departamento de Justicia también supervisa "rigurosamente" el manejo de los datos recibidos.No obstante las explicaciones del Gobierno a lo largo de la jornada, grupos pro-defensa de los derechos civiles han acusado al Gobierno de Obama de llevar a cabo espionaje contra los ciudadanos. En las últimas semanas, la Administración Obama se ha enfrentado a otros casos de escuchas telefónicas a la agencia AP y a un periodista de Fox News, lo que ha avivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno.