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Editorial, martes 22 de enero 2013

Cuando un país entero camina entre la indignación, la sensación de desamparo y la vergüenza de comprobar cómo la corrupción política ha llenado de légamo la vida pública y casi todas las instituciones, nuestros políticos en Córdoba se dedican a distraer, a patalear y a insultar. Porque es un insulto muy grave insinuar, como ha hecho el delegado de la Vicepresidenta de la Junta, durante un pleno municipal más demencial que ordinario, que el obispo de Córdoba es homosexual. A eso se dedica en su cuenta de Twitter  un representante público entre otras cosas, porque debe disponer de mucho tiempo libre y habrá que ocuparlo jugando con las redes sociales. Alguien debería ponerle una demanda a este tipo, o quitarlo directamente de las responsabilidades que ha demostrado, no sabe ni quiere cumplir. No todo vale, y menos desde un cargo público pagado con el dinero de todos. No todo vale, porque además de insinuar cobardemente la condición sexual de un prelado, cosa que sólo compete al propio obispo y que no debería en ningún momento ni enjuiciarse ni convertirlo en difamación, este tipo consigue reirse del mismo colectivo al que dice defender, porque hace de ello escarnio. Ninguna plataforma  por la libertad sexual y tal protestará, claro. Cuando de la condición sexual de una persona se hace inciertamente cobarde y público insulto, no es lo mismo que lo haga un progre venido a más que cualquier otro y sospechoso mortal.