Lo que las urnas han negado casi sistemáticamente en los últimos 30 años tendremos que agradecérselo, con toda probabilidad a un amplio colectivo de funcionarios públicos y decentes y a un despacho de abogados como el que capitanea Mariano Aguayo. Los votantes andaluces han querido desentenderse de la corrupción y el enchufismo, en un lamentable círculo vicioso y viciado que ha mantenido las papeletas cautivas. Pero otros muchos andaluces se han rebelado contra una situación que  ya es económicamente insostenible, además de ilegal. La administración paralela andaluza atenta contra el Estado de Derecho, una administración indecente, perpetuada por los estómagos agradecidos y metida a golpe de decretazo. Contra ese decretazo, contra esos casi 25.000 contratados en empresas y organismos paralelos se han plantado los funcionarios públicos y juristas como el cordobés Aguayo. La batalla es dura y no se garantiza la victoria, porque la Justicia para lo público- administrativo deja su venda en los ojos y la balanza se inclina hacia los que ya están incumpliendo medidas cautelares sin ningún tipo de consecuencia.  Y más allá de la ilegalidad, lo más doloroso es comprobar como Andalucía, mayoritariamente, es cómplice de la indecencia que supone haberla convertido en el cortijo de los poderosos que ahora ya no son los latifundistas sino los que se han perpetuado en la administración política con nuestro dinero y nuestros recursos.