El 1 de enero entró en vigor en China una reforma del Código Penal que sobre el papel supone un gran paso en el respeto a los derechos humanos. Entre otras cosas, fija un límite de seis meses para la retención sin cargos,  impone la obligación de informar a los familiares sobre el paradero del detenido y se pone coto a las prácticas de tortura. Las expectativas, sin embargo, han quedado pronto defraudadas. Con la reforma del Código Penal en la mano, la Iglesia ha exigido en balde la liberación de monseñor Ma Daquin, obispo auxiliar de Shangai secuestrado por la policía en julio sin otra culpa que estar en comunión con el Papa. Todos los sacerdotes y religiosos de su diócesis han sido obligados a pasar por los llamados ‘campos de reeducación’, centros destinados al lavado de cerebro que el régimen comunista ha dejado claro que no está dispuesto a cerrar. En campos de reeducación y de trabajos forzados hay retenidos decenas de obispos, sacerdotes y laicos cristianos, muchos desde hace largos años. Monseñor James Su Zhimin, por ejemplo, fue llevado a una comisaría hace 15 años, y su familia ignora su paredero. También es conocido el caso del obispo Cosme Shi Enxiang, que desapareció en 2001 y está aún a la espera de juicio. Casos así son una prueba de fuego sobre la voluntad real de los nuevos dirigentes chinos de avanzar en la construcción de un Estado de Derecho, requisito fundamental para la credibilidad internacional y para la estabilidad interna de esta nueva potencia.