La fiscal de la Audiencia Nacional Dolores Delgado será la próxima ministra de Justicia, según han avanzado COPE.

Delgado es la fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional y recientemente ha sido elegida vocal del Consejo Fiscal, principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado. Es concocida su amistad  con el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Dolores Delgado afronta la cartera de Justicia con múltiples frentes abiertos, incluido el de pacificar un sector soliviantado por su antecesor, y con el reto de elegir al nuevo fiscal general del Estado que dirigirá la acusación pública contra los dirigentes del proceso independentista catalán.

El fiscal cesa con el Gobierno que le nombró y Julián Sánchez Melgar está en funciones hasta que el nuevo Ejecutivo nombre a su sucesor, que llegará al cargo mientras se confirman los procesamientos de las principales figuras del "procés" y a la espera de que comiencen los juicios orales que determinarán su futuro.

Melgar fue nombrado fiscal general el pasado diciembre, tras la muerte de José Manuel Maza, y ha actuado ante los líderes secesionistas con la firmeza que prometió en su primera comparecencia en el Congreso; en manos de su sucesor estará confirmar esa línea, o modularla.

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avanzado que "defender la legalidad no es ahondar en el ensañamiento".

Bajo el paraguas del Ministerio de Justicia está también la Abogacía del Estado, personada como acusación en varias de las causas abiertas en torno al "procés" y responsable de las impugnaciones y recursos ante el Constitucional.

Las primeras decisiones de Delgado marcarán así una de los principales conflictos a los que debe enfrentarse el Gobierno socialista, pero su éxito dependerá también de su capacidad de tender puentes con jueces y fiscales.

El pasado 22 de mayo ambos colectivos protagonizaron una huelga conjunta para reclamar mejoras laborales y mayor independencia judicial y desde que triunfó la moción de censura las asociaciones profesionales del sector no se han cansado de recordar al presidente del Gobierno el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter

"Nunca antes todas las asociaciones de jueces y fiscales habían ido a la huelga juntas. Esto demuestra la gravedad de la situación. Exigen mejoras laborales y una justicia del siglo XXI. ¿Habrán tomado ya nota Rajoy y Catalá?" escribía Sánchez diez días antes de ser investido.

El anterior ministro de Justicia, Rafael Catalá, había logrado que las asociaciones le dieran tres semanas de tregua para intentar dar respuestas concretas a varias de sus peticiones y la mesa de retribuciones, que debe analizar las reivindicaciones salariales, iba a reunirse finalmente este 13 de junio.

Parte de las reclamaciones laborales podrían verse satisfechas con partidas del proyecto de presupuestos -pendiente de tramitación en el Senado- y en el Congreso hay proyectos que también coinciden con los intereses de las asociaciones, aunque ni el PP y el PSOE mostraron interés en una de sus principales demandas: reformar la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los veinte vocales del Consejo deben renovarse en noviembre -diez elegidos por el Congreso y otros diez por el Senado- pero la mayoría de tres quintos exigida obliga a un amplio consenso parlamentario que se augura complicado en el actual panorama político.

Debería transcurrir sin incidentes, sin embargo, la tramitación de la proposición de ley impulsada por el PNV para derogar la prisión permanente revisable.

A pesar del respaldo que muestran las encuestas hacia esa pena, la iniciativa comenzó su andadura en el Congreso al unir sus votos contra las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos las mismas formaciones políticas que ha apoyado ahora la moción de censura.

Delgado pasará también a presidir la Comisión general de codificación, órgano asesor en la preparación de leyes que trabaja dentro de su departamento y cuya sección penal empezó hace pocos días a estudiar posibles cambios en la tipificación de los delitos sexuales tras la polémica sentencia en el caso de La Manada.

El titular de Justicia en funciones, Rafael Catalá, azuzó la controversia al apuntar al presunto "problema singular" del juez autor del voto discrepante en esa sentencia, afirmación que unió de nuevo a los jueces en contra de un político que en 2017 se había convertido en el primer ministro en ejercicio reprobado por el pleno del Congreso.

Otro frente sería el de la reforma del proceso penal para otorgar la dirección de las investigaciones a los fiscales, un cambio pendiente desde la anterior etapa de Gobierno socialista y por el que apostaba claramente Rafael Catalá.