Los 17 magistrados de la Gran Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tienen en sus manos la decisión de poner fin a la doctrina Parot, que supondría la puesta en libertad de 54 etarras. El fallo mantiene en vilo a víctimas y Gobierno, que creen que su derogación causará gran alarma social. Cuarenta y ocho horas antes de que la Corte Europea analice el recurso de España contra el fallo del tribunal, -en julio avaló excarcelar e indemnizar con 30.000 euros a la etarra Inés del Río, miembro del "comando Madrid" condenada a más de 3.000 años de cárcel por 23 asesinatos-, la inquietud sobre el futuro de la doctrina Parot va en aumento. Hasta el punto de que las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, representadas en María Mar Blanco, de la fundación, y la AVT, con Ángeles Pedraza a la cabeza, se trasladarán mañana a Estrasburgo para seguir de cerca la vista oral y dejar claro que decir no a la Parot supone una "nueva burla". El Gobierno también reconoce que la resolución preocupa e inquieta, ya que supondría tumbar desde Europa un criterio establecido por el Tribunal Supremo (TS) en 2006 y avalado el pasado año por el Constitucional, que confirmó su aplicación a la mayoría de los 31 presos que la habían recurrido. La jurisprudencia del TS conocida como doctrina Parot -toma su nombre del etarra Henri Parot- obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años de prisión, lo que supone un alargamiento de la estancia en la cárcel. Pero, ¿qué pasa si Estrasburgo rechaza el recurso de España? Las fuentes consultadas aclaran, en primer lugar, que el miércoles podría no haber fallo ni sentencia, algo que llegaría en semanas o incluso meses, y, en segundo lugar, que la Gran Sala reexamina la aplicación de la doctrina en el caso de Del Río y no entra a rebatir el sistema en sí mismo. Con todo, es indudable, apuntan las fuentes, que si Estrasburgo vuelve a dar la razón a la etarra, "poco resquicio" pueden tener los tribunales españoles a la hora de mantener este criterio para 54 presos etarras, siete miembros de los GRAPO o 14 delincuentes con tres o más condenas, que recurrirán la doctrina en el caso de que la Corte Europea ampare de nuevo a Del Río. A favor de la reclusa etarra, -tiene fijada su excarcelación para 2017 y no para 2008 como establecía el antiguo cómputo de beneficios penitenciarios- entendió la sala tercera por unanimidad de sus 5 magistrados, entre ellos el español Luis López Guerra, que a Del Río se le había aplicado una "irretroactividad" de las penas. Y esto supone, dice el tribunal, una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe que el derecho penal "sea interpretado de forma extensiva en detrimento del acusado". El recurso de España discute esta consideración. Para la Abogacía del Estado, el TEDH se apartó de su propia doctrina, ya que hasta ahora había defendido que los beneficios penitenciarios no forman parte de las condenas y, por lo tanto, no están protegidos por el principio de "irretroactividad". Además, esgrime que la doctrina Parot no se deriva de una modificación legislativa, sino que se trata de un criterio jurisprudencial sobre el sistema de ejecución de las penas del que nunca antes se ha pronunciado el TEDH, ya que es competencia de los estados miembros. De hecho, la Abogacía del Estado cita una sentencia de la Gran Sala del Tribunal europeo de 2008 referida al denominado "caso Kafkaris", que avaló la aplicación retroactiva de una reforma legal de la legislación penitenciaria de Chipre que impedía la redención de penas por trabajo para los condenados a cadena perpetua. Lejos de los argumentos jurídicos, el Gobierno apela a la "excepcional repercusión social" que tendría derogar la doctrina Parot, sin olvidar la ofensa que supondría el que Europa censure que el sistema penitenciario vulnera los derechos humanos de los etarras. "Hablar de violación de Derechos Humanos es absolutamente inadecuado, condenar a España a indemnizar a una etarra es una ofensa al pueblo español", ha asegurado en repetidas ocasiones el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que cree que "nadie en su sano juicio" debería echar para atrás la doctrina Parot. Las víctimas han incrementado sus movilizaciones esta última semana e, incluso, han lanzado una campaña de adhesión ciudadana a través de la plataforma de internet Change. "¿Te imaginas que sanguinarios asesinos quedasen de un día para otro en libertad y pasearan por nuestras calles sin haber cumplido condena?". Con esta pregunta, y en solo veinticuatro horas, han dicho sí a la vigencia de la doctrina Parot 4.300 personas. Entre los defensores de su derogación, uno de los más claros ha sido estos días el presidente de Sortu, Hasier Arraiz, quien opina que un fallo en contra del Gobierno supondría "una derrota" para éste que "necesariamente debería abrir una grieta en la política penitenciaria" y "rectificar". A partir del miércoles todos mirarán a Estrasburgo. Quince magistrados pueden darle un nuevo revés al Ejecutivo español después de que en 2010 el tribunal de Justicia de la UE resolviera que el llamado canon digital no se ajustaba a la legislación comunitaria o de que el pasado jueves dictaminara que los desahucios contravienen la normas europeas de protección al ciudadano. O puede suponer una gran victoria para el colectivo de presos de ETA y la izquierda abertzale, que vio cómo en 2010 el tribunal de Estrasburgo dio la razón a España al echar para atrás 133 candidaturas de Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV) para los comicios del 27 de mayo de 2007.