El hecho de que la Audiencia Provincial de Sevilla haya ratificado la imputación de la exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, por el caso de los ERE falsos, coloca este proceso en un escenario judicial diferente al que se venía desarrollando. Confirma además que la instrucción de la juez Alaya camina en la buena dirección, por más que siga extendiéndose sobre su trabajo una sospecha de interés partidista. La Audiencia de Sevilla ha calificado de “innegable” que el procedimiento instaurado por la entonces consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía facilitaba incrementar “arbitraria y desmesuradamente” el desvío de fondos a los ERE falsos. Esta consideración obliga éticamente a la que fuera ministra de Zapatero a un cambio en su situación como Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones. Magdalena Álvarez debiera, por tanto, en ejercicio de una mínima responsabilidad, adelantarse y presentar su dimisión en una institución en la que representa a España, y que además tiene una función dinamizadora de las inversiones públicas de los países europeos. No es de recibo que haya que esperar a que el Comité de Ética del Banco concluya su investigación. Además Magdalena Álvarez está relacionada también con el fraude de las obras del AVE a Barcelona, un nuevo caso de corrupción ligado a su época en el Gobierno. Cuando más se aplace la dimisión de Magdalena Álvarez, el partido socialista y la imagen de España  saldrán más perjudicados.